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Corte Plena incorpora Política Institucional de Integridad y Anticorrupción en gestión judicial

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  • Lineamientos internos vinculan el accionar de los tres ámbitos judiciales: administrativo, jurisdiccional y auxiliar de justicia.

 

El Poder Judicial innova en su compromiso en la lucha y blindaje contra la corrupción, con la aprobación de la Política Institucional de Integridad y Anticorrupción.

 

El acuerdo lo tomó la Corte Plena en su sesión de este lunes 21 de noviembre, luego de la presentación del documento, a cargo de la Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia y Coordinadora de la Comisión de Transparencia, Patricia Solano Castro y la Oficial de Cumplimiento, Kenia Alvarado Villalobos.

 

La Política contempla un total de 11 ejes de trabajo y 71 acciones a emprender y resultados por alcanzar, las cuales contemplan un 91% de alto nivel de prevención y un 9% de reacción.

“La Política de Integridad y Anticorrupción del Poder Judicial de Costa Rica se constituye en una herramienta orientadora, que norma e impulsa las acciones coordinadas de este Poder de la República para la prevención, detección, mitigación y reacción de los actos de corrupción y fraude organizacional en la gestión pública judicial y responde al interés identificado por la Corte Plena de fortalecer la capacidad institucional para enfrentar la corrupción desde una política de cero tolerancia.  Además, permitió la construcción de un sistema capaz de ser medible y ajustable a los cambios que pongan en riesgo la consecución de estos objetivos”, destacó la magistrada Patricia Solano Castro.

 

Los 11 ejes de acción, cada uno con sus áreas de acción y resultados esperados corresponde a los temas de:

 

  1. Ética y probidad aplicada a la gestión Judicial.
  2. Transparencia y rendición de cuentas para la prevención de la corrupción.
  3. Gobernanza judicial y liderazgo con integridad.
  4. Implementación del modelo de cumplimiento normativo del Poder Judicial.
  5. Desarrollo de un sistema de administración de riesgo de corrupción, infracción al deber de probidad y fraude organizacional.
  6. Estrategia de comunicación y formación para la cultura de cumplimiento normativo.
  7. Prevención de los conflictos de interés en el Poder Judicial.
  8. Gestión del recurso humano como componente orgánico para el aseguramiento de la ética pública.
  9. Supervisión, evaluación y mejora continua del mecanismo de control interno del Poder Judicial.
  10. Gestión de la relación público-privada.
  11. Medidas de reacción ante actos de corrupción, infracción al deber de probidad y fraude organizacional.

 

Para la Oficial de Cumplimiento, Kenia Alvarado Villalobos, “…esta política es una guía orientadora, que expresa los objetivos, las líneas de acciones y los resultados esperados y obedece a un proceso de transformación e innovación de la institución y refleja el compromiso institucional para abordar el tema de forma autocrítica.   Demuestra la iniciativa de hacer una política transversal que vincule a todos los estamentos de la institución”.

 

El trabajo de la construcción de esta política estuvo a cargo de la Comisión de Transparencia del Poder Judicial, con la competencia ejecutora de la Oficina de Cumplimiento y el apoyo técnico de la Dirección de Planificación, la cooperación internacional de la Embajada de los Estados Unidos y la contraparte National Center for State Courts (NCSC) con los aportes de expertos nacionales e internacionales.

 

Se siguió el modelo de construcción de políticas institucionales de la Dirección de Planificación y en el proceso de cocreación se contó con la participación de los y las Jerarcas institucionales, las jefaturas de los ámbitos administrativos, jurisdiccionales y auxiliares de justicia, oficinas vinculadas, organizaciones gremiales y la sociedad civil.

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