El Gobierno de Finlandia ha logrado el apoyo de todos los partidos políticos del país para construir una valla metálica en los tramos más vulnerables de su frontera con Rusia. La medida, propuesta inicialmente por la Guardia de Fronteras finlandesa, fue respaldada este martes por todos los grupos durante una reunión con el Ejecutivo de Sanna Marin.
“Se trata de poder asegurarnos de que la frontera está bien vigilada y de ser capaces de anticiparnos a lo que pueda ocurrir en ella”, ha justificado ante la prensa la primera ministra finlandesa.
El proyecto, cuyos detalles aún no se han concretado, contempla la construcción de una valla metálica de varios metros de altura con concertinas en su parte superior y cámaras de videovigilancia en los tramos fronterizos considerados de mayor riesgo. Tendrá una extensión total de entre 130 y 260 kilómetros, lo que supone entre el 10 y el20 % de los 1.340 kilómetros de frontera que separan Finlandia y Rusia.
Está previsto que las obras duren cerca de cuatro años y supongan un desembolso de “varios cientos de millones de euros”, según las estimaciones de la guardia fronteriza. Inicialmente se construirá un tramo de prueba de unos tres kilómetros en la frontera del sureste finlandés, la más transitada por su proximidad con San Petersburgo, con un coste de unos seis millones de euros.
Finlandia, que tiene la frontera con Rusia más larga de la Unión Europea y la segunda de Europa (después de la de Ucrania), responde así al aumento de las tensiones con Moscú a raíz de la invasión rusa de Ucrania y del proceso de adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN.
El Kremlin ha advertido reiteradamente a Helsinki de que su ingreso en la Alianza tendrá graves consecuencias, por lo que el Gobierno finlandés teme que Rusia pueda orquestar una crisis migratoria similar a la que tuvo lugar en la frontera de Polonia y Bielorrusia a finales de 2021.
Por ello, el Ejecutivo finlandés aprobó en julio con carácter de urgencia una serie de reformas legales para hacer frente a una eventual llegada masiva de migrantes a su frontera, que incluyen una disposición legal para permitir la construcción de vallas y otras barreras en la frontera para aumentar la seguridad nacional, así como la posibilidad de prohibir temporalmente el derecho a permanecer y circular en áreas próximas a la frontera en circunstancias excepcionales, por ejemplo en caso de afluencia masiva de inmigrantes. Asimismo, permite centralizar en algunos puntos determinados de la frontera la recepción de solicitudes de asilo, lo que supondría el cierre del resto de cruces fronterizos a los refugiados.
