Expertos cuestionan falta de bases científicas y técnicas para regular plaguicidas en Costa Rica
- Profesionales consideran que el Proyecto de Ley 23.783, propuesto por la diputada Kattia Cambronero (PLP) que busca prohibir 16 plaguicidas utilizados en la agricultura costarricense, carece de estudios técnicos y de una línea base que respalde esta decisión.
- Especialistas evidenciaron también las incongruencias en los valores máximos de plaguicidas en el agua adoptados por el país en el Reglamento para la Calidad del Agua Potable.
Greivin Pérez, investigador del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) de la Universidad de Costa Rica, y Roberto Cordero, abogado y asesor legal ambiental, cuestionaron la falta de bases científicas y técnicas que existe en la normativa vigente y en la que se propone para regular el uso de plaguicidas en Costa Rica.
Durante un foro reciente dirigido a periodistas, organizado por la Alianza para la Sostenibilidad Agrícola (ASA) en colaboración con la Cámara de Agricultura y Agroindustria (CNAA) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), los expertos se refirieron específicamente al proyecto de Ley 23.783 (Regulación de Plaguicidas Altamente Peligrosos para la Salud y el Ambiente) propuesto por la diputada Kattia Cambronero del partido Liberal Progresista (PLP).
Ambos coinciden en que el texto del expediente carece de estudios técnicos y de línea base que respalden la prohibición de 16 plaguicidas utilizados en la agricultura costarricense, y recalcan que en el documento solo se mencionan las prohibiciones en Europa.
Además, el mismo abogado ambientalista indicó que se habla mucho de que la producción agrícola convencional en Costa Rica es mala porque contamina, pero asegura que aún no se ha demostrado una afectación directa a la salud por el uso y la exposición a estos productos.
“No existen muestreos en Costa Rica que demuestren que realmente hubo contaminación o afectación a la salud de personas con alergias, deficiencias respiratorias, o que determinen un efecto directo de la exposición a dichos productos. Hoy en día no tenemos ni un solo caso ni en el tribunal ambiental ni en la fiscalía ambiental de condenatoria por contaminación de agua por uso de plaguicidas, tenemos estudios que demuestran y que el CICA ha hecho donde si hay concentraciones importantes de agroquímicos residuales en una zona donde se concentra por alguna razón, por eso es necesario un monitoreo adecuado para poder entender porque ese rio naciente o pozo tienen más trazas de agroquímico que otro” explicó Cordero.
Según los especialistas, dentro de la propuesta presentada por Cambronero, deberían tomarse en cuenta dos temas fundamentales antes de tomar la decisión de prohibir un plaguicida, el primero sería un análisis de riesgo previo para conocer la toxicidad, persistencia, uso y registro del producto y su impacto para la salud y el ambiente y el segundo la revisión y actualización del Reglamento para la Calidad de Agua Potable vigente en el país.
Deficiencias del Reglamento para la Calidad de Agua Potable
Por su parte Pérez cuestionó el Reglamento para la Calidad de Agua Potable, el cual establece los límites máximos de plaguicidas permitidos en el agua. Según esta normativa el rango autorizado en agua potable es de 0.1 microgramos por litro (μg/l) para todos los plaguicidas.
“¿De dónde se tomó ese valor? Es una copia de la regulación europea, no estamos en Europa, no tenemos el mismo clima y menos la misma cantidad de plagas, tenemos un reglamento, pero se puede mejorar y para eso justamente una de las recomendaciones que hemos hecho desde la Academia, Colegio de Químicos y muchas otras instituciones es crear un comité interinstitucional para la revisión y actualización del reglamento” señaló Pérez.
Cordero explicó que la legislación desde 1992 ha evolucionado de una forma acelerada lo que ha provocado que en muchas ocasiones Costa Rica copie normativa que no necesariamente es aplicable a la realidad tropical del país.
“Es importante entender el problema que genera esta dicotomía entre un reglamento tan prohibitivo y restrictivo con el proyecto de Ley que se está proponiendo de Regulación de los Plaguicidas Altamente Peligrosos sin un análisis de riesgo respectivo” mencionó el asesor legal.
Los dos expertos realizaron comparaciones con otras normativas para demostrar las incongruencias con los valores adoptados en el país.
“En el caso de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, sigla en inglés) de los Estados Unidos ellos han hecho un reglamento basado en análisis de riesgo en donde cada plaguicida tiene un único valor según sus características. Por ejemplo, la regulación en Australia es una de las más completas a nivel mundial en cuanto a lo que es Valores Máximos Admisibles (VMA) en muestras de agua, ellos tienen un documento muy completo en donde explican cómo es que llegaron a esos valores” explicó Pérez.
Cordero comparó los VMA de Costa Rica con los valores que establece la Organización Mundial de la Salud (OMS), la EPA y Australia, en donde se permiten hasta 200 veces, 400 veces y 700 veces la presencia de trazas o rastros de agroquímicos en microgramos por litro, cuando Costa Rica establece 0.1 ug/L.
“O la ciencia y la técnica de Costa Rica es superior a la de todos estos países o realmente no estamos hablando de la regulación del consumo de agua potable, sino más bien de un tema de agricultura orgánica, y en eso hay que ser muy transparentes y claros ¿Qué es realmente lo que estamos proponiendo cuando se busca un cambio normativo o un cambio en un reglamento? es importante entender si estamos buscando prohibir por prohibir o prohibir porque no nos interesa que se sepa la ciencia y la técnica a nivel internacional y lo que queremos es disfrazar una propuesta de agricultura orgánica” comentó Cordero.
Ambos profesionales aclararon que no están apoyando los agroquímicos, más bien concuerdan en que es importante la regulación siempre y cuando se base en técnica y ciencia. Por su parte el investigador y científico recalcó la calidad de profesionales e instituciones que tiene Costa Rica para realizar estos estudios y se puso a disposición de las autoridades para crear un comité interinstitucional según él necesario para atender esta situación.
“Está bien copiar lo bueno, pero también tenemos la posibilidad de crear lo nuestro, tenemos la posibilidad de revisar y actualizar el reglamento, tenemos los expertos en el país para crear esa comisión interinstitucional y ni que se diga de que cuando aparecen estas cosas, en lugar de crear una histeria colectiva y prohibir, vamos poco a poco evaluando causas, consecuencias e impacto para un respectivo análisis de riesgo” acotó Pérez.
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