El índice Global de Complejidad Empresarial de TMF Group ubica a Costa Rica en el puesto 45 en el reporte sobre facilidades para realizar negocios
San José, Costa Rica, 5 de junio de 2023. TMF Group, proveedor líder de servicios administrativos y de cumplimiento normativo, presenta la 10ª edición del Índice Global de Complejidad Empresarial (GBCI).
En el caso de América Latina, varios de los países más fuertes de la región siguen ocupando los primeros puestos del listado, destacando a Brasil, México, Colombia, Perú, Bolivia y Argentina como parte del top 10 de jurisdicciones más complejas del mundo a la hora de hacer negocios.
El exhaustivo informe analiza 78 jurisdicciones que representan 92% del PIB total mundial y 95% de los flujos globales netos de Inversión Extranjera Directa (IED). Compara 292 indicadores de seguimiento anual y ofrece datos sobre aspectos clave para hacer negocios, como plazos de incorporación, nóminas y beneficios, normas, reglamentos, tipos impositivos y otros factores de cumplimiento.
El estudio revela que Estados Unidos ha salido de los diez últimos puestos (los lugares más fáciles para hacer negocios) tras muchos años figurando en esa prestigiosa lista. Mientras tanto, Dinamarca, el Reino Unido y Hong Kong mantienen sus puestos entre las diez jurisdicciones menos complejas.
La lista de las diez jurisdicciones más favorables a los negocios cuenta con algunas nuevas entradas, como Malta (puesto 69 frente al 67 de 2022) y los Países Bajos (puesto 75 frente al 56 de 2022). Las Islas Caimán (78º) conservan su puesto como jurisdicción más fácil para hacer negocios.
Hablando de Costa Rica
Costa Rica ha sido clasificada como una jurisdicción de Complejidad Media basándose en la comparación de los requisitos locales comunicados por los expertos del Grupo TMF con otros países evaluados. Costa Rica es una jurisdicción con visión de futuro; donde la tradición se valora por encima de la simplicidad, la tecnología desempeña un papel vital en la reducción de la complejidad, y la legislación y las prácticas están ampliamente alineadas con las normas internacionales. La jurisdicción hace un esfuerzo concertado para atraer inversión extranjera directa y espera ver un ligero aumento en la cantidad de inversión de empresas extranjeras que aprovechan estrategias comerciales como la deslocalización cercana en los próximos años. Es probable que la jurisdicción se vuelva más atractiva para operar y se espera que introduzca más leyes y reglamentos relativos a los requisitos de sustancia económica. Se espera que la jurisdicción se mantenga muy estable desde el punto de vista político, económico, social, tecnológico, medioambiental y legislativo.
En ese contexto, se ubica en la posición 45 entre 77 jurisdicciones analizadas en el Índice Global de Complejidad Corporativa 2023 elaborado por TMF Group, convirtiéndolo en uno de los mercados latinos con menor complejidad para establecer negocios.
Las empresas multinacionales son incentivadas a iniciar operaciones bajo el “Régimen de Zonas Francas” (RZF). Este régimen es el pilar de la estrategia de promoción de las exportaciones e inversiones de Costa Rica. El RZF es un conjunto de cumplimientos, incentivos y beneficios concedidos por el gobierno costarricense a las empresas que realizan nuevas inversiones en el país. Gobierno costarricense a las empresas que realicen nuevas inversiones en el país, por ejemplo, Beneficios fiscales beneficios, destacando la exención del impuesto sobre beneficios para las entidades que operan en régimen de zona franca régimen de exención de impuestos a la exportación. Se enmarcan en leyes y reglamentos particulares coordinados por la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) y otras entidades gubernamentales.
Turbulencia geopolítica y económica
El estudio revela que desde el año 2020, la confianza en la estabilidad económica de las jurisdicciones ha ido disminuyendo. Sin embargo, la confianza en la estabilidad política, geopolítica y social se ha mantenido mayoritariamente estable. Esto es sorprendente dados los recientes acontecimientos mundiales, como la pandemia del Covid-19, la guerra en Ucrania y las tasas de inflación sin precedentes en todo el mundo.
Desde el inicio de la guerra en Ucrania las jurisdicciones han observado la interrupción de las cadenas de suministro y el aumento de los precios de la energía, así como obstáculos al comercio internacional. Por tanto hacer negocios es más difícil, especialmente a través de las fronteras. Muchas jurisdicciones que dependían de Rusia y Ucrania para exportaciones como el grano y el petróleo se han visto gravemente afectadas, lo que ha aumentado la inflación, demostrando que los impactos de la guerra son globales y no se limitan a Europa.
A pesar de que las expectativas políticas, geopolíticas y sociales se mantienen estables, existe la sensación de que las empresas pueden estar menos abiertas a la expansión global que en años anteriores. En 2020, el 74% de las jurisdicciones señalaron que a las empresas les resultaría más atractivo operar en nuevos mercados en los próximos cinco años. Esta cifra ha descendido hasta el 65% en 2023, lo que sugiere que el optimismo se ha desvanecido en cierta medida y que las organizaciones podrían adoptar un enfoque más cauteloso en los próximos años.
Otro indicador preocupante es el aumento de la inflación, que provoca problemas importantes, como enormes subidas de precios en productos básicos, como alimentos, combustible y servicios públicos. Como consecuencia, los empleados buscan más apoyo financiero de sus empleadores para llegar a fin de mes. Esto ha provocado un aumento generalizado de la demanda salarial y que los trabajadores busquen mejores oportunidades en otros lugares. El 60% de las jurisdicciones informan de que la inflación ha incrementado el desgaste de los empleados. Esto se combina a menudo con la escasez de cualificaciones para crear retos de contratación y retención para las empresas. La “gran dimisión” está presionando a las organizaciones para que sigan siendo ágiles y competitivas. Este es particularmente el caso en EMEA, donde casi todas las jurisdicciones encuestadas (98%) observan esta tendencia.
Retos globales en materia de cumplimiento
En los últimos años los requisitos de conformidad, como la información sobre los beneficiarios finales (UBO) y las personas de control significativo (PSC), han sido una parte fundamental de los procesos de conformidad en lugares de todo el mundo. Normativas como la de “conozca a su cliente” (KYC) y la de lucha contra el blanqueo de capitales (AML) han sido adoptadas por al menos algunos sectores en todas las jurisdicciones.
Como resultado de las tensiones geopolíticas, las jurisdicciones están observando un endurecimiento de las normativas de cumplimiento global, como la información CSC y UBO. El 43% espera que las empresas deban presentar más informes de cumplimiento normativo en el próximo año. Esto significará que las empresas no sólo tendrán que hacer frente a mayores exigencias de información, sino que también se espera que lo hagan de una manera más rápida que antes.
Debido a esta presión y a la mayor complejidad, casi la mitad (48%) de las jurisdicciones informan de que al menos algunas empresas se replantearán sus objetivos de expansión. Esto demuestra el verdadero impacto que pueden tener la legislación y los informes de cumplimiento global, limitando el atractivo de una jurisdicción y animando a las empresas a buscar en otra parte.
Sin embargo, aunque los incentivos de cumplimiento global pueden aumentar la complejidad, también pueden impulsar el atractivo de las jurisdicciones, especialmente para los clientes de patrimonios privados y family offices (PWFO) que buscan seguridad y protección. Por ejemplo, en Singapur, un marco normativo sólido y estable y la estabilidad política son los factores clave que atraen las inversiones extranjeras. Singapur también ofrece atractivos regímenes de incentivos fiscales que atraen a los particulares con grandes patrimonios.
Consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ASG)
Los criterios ASG son cada vez más importantes, y las empresas están obligadas a cumplir al menos un requisito en la mayoría de las jurisdicciones, con la diversidad a la cabeza. La mitad de las jurisdicciones (51%) exige a las empresas que cumplan las leyes relativas a la diversidad de la mano de obra, y más de una cuarta parte (27%) exige a las empresas que informen al respecto.
Casi la mitad (49%) de las jurisdicciones exigen que todas las empresas presenten informes sobre la demografía de los empleados a las autoridades gubernamentales, lo que ha seguido creciendo año tras año (28% en 2020, 41% en 2021, 47% en 2022). En América del Sur, el 80% de las jurisdicciones requieren que todas las empresas presenten informes sobre la demografía de los empleados, seguidas por el 64% de las jurisdicciones en APAC.
Dado que es probable que aumenten los requisitos de información en materia de ASG, y no sólo para las empresas públicas y cotizadas, existe presión para navegar por la nueva y próxima legislación. Existe una implicación de costes administrativos y de recursos que está afectando a empresas grandes y cotizadas en múltiples ubicaciones (citadas, por ejemplo, por nuestros expertos en Sudáfrica).
A medida que aumenta la importancia de los aspectos ASG, las empresas tendrán que cumplir nuevos requisitos que vayan más allá de marcar casillas y comprometerse a informar sobre sus indicadores ASG. Sin embargo, dado que los requisitos ASG están dando sus primeros pasos en muchas jurisdicciones, las repercusiones y el futuro de la información ASG siguen sin estar claros.
Top 10 (1= más complejas
1 Francia
2 Grecia
3 Brasil
4 México
5 Colombia
6 Turquía
7 Perú
8 Italia
9 Bolivia
10 Argentina
78= menos complejas)
69 Malta
70 Jersey
71 Nueva Zelanda
72 Reino Unido
73 Islas Vírgenes Británicas
74 Hong Kong
75 Países Bajos
76 Curaçao
77 Dinamarca
78 Islas Caimán
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