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Defensoría revisará resultados del modelo de gestión de la CCSS

Como parte de la investigación que llevó a cabo la Defensoría de los Habitantes sobre el modelo de gobernanza de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) emitió una serie de recomendaciones a la Junta Directiva, en aras que facilite una serie de datos e información que permita hacer un análisis de resultados de gestión y su impacto en la población.

El informe establece la necesidad que se envíe a esta Defensoría un informe sobre el estado de avance del proceso de implementación del “Proyecto Estratégico para el Desarrollo, Implementación y Control del Sistema de Gestión de Gobierno Corporativo de la Junta Directiva de la CCSS”, al 28 de junio del 2024, que incluya, un detalle de la eliminación de deficiencias y distorsiones que se han venido creando a través de los años, con responsables en el proceso y rendición de cuentas a la sociedad civil.

También se requirió el estado de cumplimiento de la implementación del “Modelo de gestión para resultado a nivel institucional”, conforme con el Plan Estratégico Institucional para el periodo 2023-2033 y su articulación con la política institucional de gestión integral de riesgos.

Otro punto importante a destacar es la necesidad de disponer, en un mes, de los objetivos, metas, indicadores y acciones que permitan vincular la alineación del “Manual de Iniciativas y Portafolio de Proyectos (versión 2.0)” con el Plan Estratégico Institucional 2023, que identifique que la infraestructura requerida responde a esa visión de la CCSS eliminando brechas e inequidades, distribución de recursos, oferta de servicios, planificación del desarrollo de prestación de servicios e infraestructura de apoyo requerida.

Además, la Defensoría requiere que al 30 de abril se envíe el análisis técnico jurídico que permita determinar la conveniencia y/u oportunidad de la inclusión de una cláusula del contrato de Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR 2017, en el marco de la responsabilidad del fiduciario de multas por incumplimiento de obligaciones. A ello, el avance del trabajo de la comisión interinstitucional en relación del proceso de conciliación con el monto que el Estado le adeuda a la CCSS y definir la ruta de los pagos.

Para la Defensoría es fundamental que la Caja ponga a disposición de la Defensoría el avance del diseño y desarrollo de un sistema de costos que permita cuantificar los montos de actividades e intervenciones con mayor precisión.

Se solicitó a la Junta Directiva que envíe un informe sobre la evaluación de los proyectos prioritarios recientemente anunciados, a saber, construcción y equipamiento del hospital Tony Facio; la construcción del nuevo hospital Manuel Mora Valverde; el fortalecimiento del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología y, la primera etapa del fortalecimiento del hospital de Guápiles, sus costos, estructura de financiamiento y la ruta crítica para su ejecución.

La Defensoría de los Habitantes recomendó conocer el cronograma de prioridades en materia de inversión hospitalaria, donde se incluya la línea de tiempo de ejecución de cada una de las prioridades establecidas, estrategias de construcción, costo de cada proyecto donde se incluya, entre otros construcción, equipamiento y recurso humano. De igual manera, el portafolio de inversiones actualizado donde se identifiquen el inicio de obras para los próximos 12, 24 y 36 meses.

Oficina de Comunicación Institucional

Defensoría de los Habitantes

Gobierno avanza con obras en riesgo inminente gracias al préstamo del BCIE

• Presidente de la República visitó las obras prometidas a la comunidad de Calle Areneros

Esta mañana, el Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, visitó la comunidad de Calle Areneros en San Rafael Debajo de Desamparados, donde constató el avance de la construcción de un revestimiento de 60 metros a lo largo del margen del río Cañas el cual requiriere una inversión de 440 millones de colones. Esta obra se realiza gracias a la inyección económica luego de la aprobación en firme del crédito con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 700 millones de dólares. A un kilómetro de Calle Areneros, se trabaja en otra obra de protección y control de erosión del río Cañas en el sector de Boca del Monte 2, en Alajuelita, cuya inversión será de 506 millones de colones. Alejandro Picado, presidente de la CNE señaló durante la visita, que muchas comunidades verán el riesgo de inundaciones disminuido, evitando lo ocurrido en setiembre del 2022 cuanto el río Cañas se desbordó y causó daños materiales en las viviendas y comercios aledaños al cauce. Seguiremos trabajando por mantener este ritmo, para cumplir con las comunidades” concluyó el jerarca. Luego de la aprobación en firme del crédito, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias inició la reconstrucción de estas dos obras y la Junta Directiva aprobó otros 56 planes de inversión en infraestructuras que se encuentran en riesgo inminente.

Entre los planes de inversión aprobados, se encuentran 18 estudios para la construcción de diferentes obras, así como 27 diseños de infraestructura como etapa previa al inicio de la construcción o reconstrucción orientados hacia los cantones de Desamparados, Aserrí y Alajuelita y otros en la Zona Sur. Se trabaja en el diseño de cinco puentes en la Zona Sur, en los cantones de Buenos Aires (Puente La Canasta y el puente sobre el río Veraguas), en Coto Brus (puentes sobre el río Cotón en el distrito Pittier y sobre el río Limón) y en Canoas de Corredores, (puente sobre la quebrada Callejonuda).

Además, se aprobaron en Junta Directiva, un total de 11 centros educativos. Estos proyectos avanzan gracias al empréstito que contempla 502 obras en riesgo inminente que requieren reconstrucción o construcción en sitios vulnerables, los cuales se realizan en estrecha coordinación con otras instancias como municipalidades e instituciones gubernamentales como el MEP, el MIVAH, CONAVI e INCOFER.

GOBIERNO CUMPLE CON PAGO DE SALARIO RETROACTIVO A EDUCADORES

• Hacienda remitió hoy cerca de ¢14 mil millones por SINPE para hacer efectivo el pago a más de

39.500 funcionarios activos del MEP.

• Dentro de este grupo se incluyen, adicionalmente, 8.273 educadores que por particulares de su

nombramiento, no estaban contemplados en la planilla de pago que remitiera preliminarmente

el MEP a Hacienda.

• Considerando el nuevo grupo incluido este lunes, asciende a más de 81 mil, el total de trabajadores del MEP que recibirán su retroactivo.

Tal y como lo aseguró el ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, el fin de semana anterior, este lunes 01 de abril, el Gobierno envió a los bancos por medio de SINPE, el pago del salario retroactivo para más de 39.500 funcionarios del Ministerio de Educación Pública (MEP); correspondiente al aumento general por costo de vida, congelado desde abril de 2020.

Este depósito, por un monto total cercano a los ¢14 mil millones, se hará efectivo en la cuenta de cada funcionario entre las 8:00 p.m. y las 10:00 p.m. de esta noche.

Dentro de quienes recibirán el retroactivo este lunes, se encuentran 8.273 educadores, los que por su condición de nombramiento, no fueron incluidos en la planilla preliminar del MEP compuesta por 73 mil trabajadores. Sin embargo, la coordinación interinstitucional permitió incorporar hoy este grupo a dicha planilla. De aquí que tanto el total de funcionarios como el monto a pagar experimentara un incremento con respecto a las proyecciones de la semana anterior.

Estos pagos forman parte del compromiso asumido por el Gobierno en octubre 2022, para saldar la deuda pendiente desde abril de 2020 con los servidores públicos. Tal y como se indicara a inicios del mes anterior, se tiene previsto finalizar el proceso en abril.

A la fecha, solo resta procesar el pago para los funcionarios de los Ministerios de Salud y de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, lo que se realizará conforme las instituciones remitan la respectiva planilla. A ellos se suman algunos de otras entidades que por razones particulares, deben hacer la gestión por reclamo administrativo ante las respectivas áreas de recursos humanos.

Se debe recordar que para que Hacienda pueda hacer efectivo el depósito, las entidades deben elaborar la planilla y cargarla en el Sistema Integra; una vez realizado este proceso, la Tesorería Nacional aplica las deducciones que corresponda y remite los pagos por medio de SINPE a las cuentas dé cada trabajador

Investigación presentada en España
Guanacasteca participó en el diseño de herramientas pioneras para mejorar la educación en Iberoamérica

Experta en neuromitos es oriunda de Portegolpe
de Santa Cruz, Guanacaste

Santa Cruz, Guanacaste, 28 de marzo del 2024. La investigadora costarricense oriunda del cantón de Santa Cruz (Guanacaste), Dra. Ana Yury Navarrete Contreras, quien labora en la Universidad Nacional (UNA), formó parte de un equipo de trabajo que diseñó dos herramientas pedagógicas para mejorar la educación en Iberoamérica.

El trabajo fue presentado en la Universidad de Granada, España, ante un grupo de académicos de diversos centros de estudios superiores de Argentina (Universidad de Buenos Aires), Brasil (Universidad Federal de Sao Joao del Rei), España (Centro Universitario La Inmaculada, Costa Rica (UNA), la Universidad Nacional de Panamá (UNP) y; por supuesto, el Alma Mater anfitriona.

La investigación en Costa Rica estuvo a cargo de la Dra. Navarrete Contreras quien laboró junto con prestigiosos académicos de la Universidad de Granada.

En primera instancia se elaboró el instrumento denominado Escala de Alfabetización Neuroeducativa (ALFANED), que es una herramienta pionera en Iberoamérica diseñada y validada con rigor científico para identificar la presencia de neuromitos en el ámbito de la educación superior.

Los neuromitos son falsas creencias sobre el funcionamiento y aprendizaje del cerebro humano. La implementación de la Escala ALFANED ha permitido realizar investigaciones en España, Cuba, Costa Rica y otros países, cuyos resultados fueron recopilados en el libro denominado “Ciencia o Ficción en la Neuro Educación”.

El ALFANED es un instrumento que toma muestras en universidades públicas y privadas costarricenses, específicamente los datos estadísticos que se circunscribieron únicamente a estudiantes en formación para convertirse en maestros y; de paso, mejorar su formación docente.

Junto con esa herramienta durante el evento se mostró el segundo instrumento neurocientífico, denominado Análisis de Neuromitos Docentes Actuales (ANDA), del cual la Dra. Navarrete también es coautora.

Esta metodología, diseñada para identificar neuromitos en la educación primaria, secundaria y educación no formal, fue adaptado al contexto costarricense y aplicado por primera vez en Latinoamérica y Costa Rica. La indagatoria se realizó como parte del trabajo doctoral de la Dra. Navarrete.

Tanto la Escala ALFANED, como la Escala ANDA, representan valiosos instrumentos neurocientíficos diseñados para realizar diagnósticos precisos a nivel regional, nacional e internacional con una rapidez sin precedentes.

Larga trayectoria

La guanacasteca cuenta con más de 25 años de experiencia en el campo de la pedagogía en el Ministerio de Educación Pública y actualmente labora como académica de la UNA.

“Tuve el honor de presentar los resultados de investigaciones llevadas a cabo mediante el uso de dos innovadores instrumentos neurocientíficos debidamente patentados en la zona Euro; de modo que, soy coautora junto con académicos de reconocidas universidades españolas. De manera que Costa Rica se convierte en el primer país de Latinoamérica de participar en el diseño y aplicación de instrumentos neurocientíficos para mejorar la calidad de la educación”, destacó Navarro, oriunda de Portegolpe de Santa Cruz.

La aplicación de los instrumentos ALFANED y ANDA tienen como objetivo mejorar la calidad educativa en los países que así lo requieran, fortalecer su capital humano desde la primera infancia hasta la educación superior, y capacitar a los educadores en todos los niveles educativos, para que impartan clases basadas en la evidencia científica más sólida.

Todo este proyecto de corte iberoamericano está dirigido por la Universidad de Granada, (España), mediante la gestión del Dr. Antonio Rodríguez Fuentes, quién es un destacado investigador del área de la pedagogía de la Universidad de Granada catalogada como en ese campo en España.

Entidades sociales y poblaciones vulnerables sufren por aplicación de regla fiscal

La crisis financiera global del 2008 y la pandemia de la COVID-19 ejercieron una presión sobre las finanzas del gobierno central, lo que llevó a la promulgación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N°9.635. Esta legislación, además de establecer modificaciones al impuesto de ventas y de renta, estableció una regla de responsabilidad, imponiendo límites formales al gasto público y al endeudamiento gubernamental, con el objetivo de mantener la estabilidad fiscal.

 

La Defensoría de los Habitantes realizó, el año anterior, consultas a cuatro instituciones del sector social que atienden a poblaciones vulnerables y en estado de pobreza, acerca de las repercusiones de la aplicación de la Regla Fiscal en el año 2023 en los servicios públicos que ofrecen. Ellas fueron, la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (DESAF), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) y el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM).

 

DESAF indicó a la Defensoría que, para el 2023, se proyectaron ingresos por ¢696.815.597.412,0; no obstante, debido a la aplicación de la regla fiscal y la discusión del presupuesto en la Asamblea Legislativa, se le aplicó una reducción de ¢43.787.042.620,84 (es decir, del 6,28%). Estos recursos que no se presupuestaron estaban destinados al financiamiento de programas sociales que atienden a personas en condición de pobreza y pobreza extrema con el porcentaje o monto establecido por ley. El 78,48% afectó 37 programas sociales que tienen asignado un porcentaje por ley y, el 21,52% restante afectó a 9 programas sociales cuyo monto o porcentaje no está establecido por ley. Manifestaron que las disposiciones de la Ley N° 9.635 han mantenido el presupuesto del Fondo congelado con la presupuestación del año 2019 sin que se haya permitido su crecimiento en los últimos años.

 

El presupuesto total del IMAS fue de ¢257.183.936.600,0 y de ese total, el 30,94% están bajo los lineamientos de la regla fiscal (¢79.583.980.580,0). Indicaron que la aplicación de la regla fiscal no limita el servicio de atención a usuarios, lo que afecta es el otorgamiento de los subsidios para el caso de los recursos que están pendientes de ingresar al presupuesto institucional, tampoco se ha visto limitada la operativa institucional. Señalaron que se vio afectado el programa AVANCEMOS en ¢7.671. 754.510,0 en lo referido a la fuente de financiamiento MEP (Gobierno Central); de manera que 18.266 personas estudiantes no son beneficiarias, además de los afectados por el recorte de ¢21.000.000.000,0 realizado en el año 2021 y que se mantuvo para el ejercicio económico 2023. Informaron que la regla fiscal para el presupuesto 2024, limitaría básicamente, la atención de nueva población de adultos mayores que se encuentran en lista de espera para ser atendidos en los diferentes programas orientados a su cuidado.

 

El CONAPDIS señaló que su presupuesto total ascendió a ¢16.746.285.000 y contempló una reducción del 2,85% respecto al del año 2022; situación que afectó a más de 4.500 personas con discapacidad en pobreza y abandono, impidiendo que las personas que ya están en los programas tuvieran aumento por costo de vida desde hace años y las personas que requieren ingresar, en listas de espera no puedan efectuarlo. Argumentaron que esta población no podrá pagar su vivienda, alimentación, cuido, medicamentos, entre otras. Indicaron que no se puede hablar de progresividad, cuando las asignaciones presupuestarias no dan ni para incorporar a las personas que requieren ingresar a sus programas, lo que existe palpablemente en una regresividad de derechos en las personas con discapacidad, que requieren de asistencia del Estado y este está ausente o en mejor de los casos, presente inoportunamente.

 

Mientras que el CONAPAM indicó que para el 2023 el presupuesto asignado a esa institución no tuvo afectación, afirmando que los servicios y beneficios que otorgan mediante las Organizaciones de Bienestar Social, no tuvieron inconveniente alguno. Agregaron que la capacidad instalada y presupuestaria de la institución para dar respuesta a la demanda actual es insuficiente, aunado a esto, el crecimiento de la población Adulta Mayor en pobreza y pobreza extrema que requieren de los servicios institucionales demandaría una priorización y focalización mayor de la inversión.

 

En resumen, de la información recopilada por la Defensoría de los Habitantes de instituciones como DESAF, IMAS, CONAPDIS y CONAPAM, se pone de manifiesto que las restricciones presupuestarias impuestas por la regla fiscal han mermado la capacidad de dichas instituciones para atender las necesidades de sus poblaciones destinatarias.

 

Ayer: Defensoría revela impacto crítico de la regla fiscal en derechos humanos https://acortar.link/FeDnAx

 

Oficina de Comunicación Institucional. Defensoría de los Habitantes

Defensoría: Mayoría de rutas de buses operan sin un contrato de concesión

Tras la investigación realizada por la Defensoría de los Habitantes sobre el funcionamiento del Consejo de Transporte Público (CTP), se determinó que, transcurridos dos años de la renovación de la concesión de autobuses de ruta regular 2021-2028, este proceso es significativamente lento, no hay claridad de las razones de la dilación y provoca que cientos de rutas estén operando con un permiso y no con la concesión.

De acuerdo con la Ley 3503, Ley Reguladora Transporte Remunerado Personas Vehículos Automotores, el permiso mantiene su naturaleza de acto precario, ya que su objeto es permitir la prestación regular del servicio en tanto el contrato de concesión o su renovación logra su eficacia.

Tras una revisión de los datos abiertos de la página Web del CTP, al 27 de octubre del 2023, de las 848 rutas existentes, se registraban únicamente 22 rutas concesionadas con contrato de refrendo (7.6%) y el resto de rutas estaban pendientes de finalizar ese proceso, en condición de permisionario o no se conoce la condición legal (92.4%), lo que evidencia esa lentitud del CTP para la firma de contratos y posterior envío a refrendo en la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep). De acuerdo con la Defensoría, este atraso genera una responsabilidad administrativa para el CTP, pues mientras el contrato de una ruta no sea refrendado, el servicio que presta el operador sigue siendo en condición de permisionario.

Para la Defensoría, es inadmisible, por ejemplo, que entre enero y setiembre del 2023 solo 4 expedientes para el trámite de refrendo se enviaran a la Aresep. Es preocupante que el contrato de rutas del Área Metropolitana se mantuviera en revisión todavía a medio año del 2023.

Todo lo anterior, resulta alarmante, al conocer datos de Aresep sobre las solicitudes que realizó el CTP en el periodo anterior 2014-2021, siendo que, más del 85% de las solicitudes de refrendo fueron enviados en los últimos dos años de la concesión.  Es decir, que lo que está ocurriendo en este proceso de renovación de concesiones no es nuevo y por ello, preocupa a la Defensoría el tiempo que el CTP demora en trasladar todos los expedientes a Aresep para el proceso de refrendo.

En consecuencia, la Defensoría de los Habitantes considera que la Junta Directiva del CTP debe tomar medidas para acelerar el proceso de firma y envío a refrendo de los contratos de concesión del periodo 2021-2028, de manera que, en un plazo razonable de tiempo, las rutas concesionadas estén operando con plena vigencia de todas sus obligaciones contractuales.

Es por eso que se le solicitó remitir el cronograma de trabajo con sus respectivas etapas, plazos y responsables; e indicar el tiempo estimado en que se completará el envío de los contratos a la Aresep.

En la investigación, la Defensoría de los Habitantes también evaluó el tema de las rutas de buses en condición de permisionarias, la atención de rutas abandonadas, verificación de la antigüedad de la flota vehicular de buses y presupuesto.

Informaciones sobre el tema en 2024

20-02-2024: Defensoría: CTP es deficiente en el control del transporte público https://acortar.link/1umJDv

Oficina de Comunicación Institucional

Defensoría de los Habitantes

MONTEVERDE ELIGIÓ CONTINUIDAD

Monteverde, Puntarenas, Costa Rica.
¡Histórico! Monteverde elige a su primer alcalde
-Yeudy Ramírez, quién fungía como intendente, fue el ganador.
-Monteverde es el cantón con menor cantidad de electores.
Yeudy Ramirez, del Partido Republicano Social Cristiano, escribe su nombre en la historia tras
convertirse en el primer alcalde en la historia del recientemente creado cantón de Monteverde
en Puntarenas.
Este es uno de los cantones más pequeños y que cuenta con la menor población electoral con
un total de 3847, donde 1933 son mujeres y 1914 hombres.
Para estas elecciones se abrieron 3 centros de votación, Siendo Santa Elena el más grande
con 5 juntas electoras, mientras que en Cerro Plano y San Luis se abrieron 2 en cada una de
ellas.
Ramírez fungió como Intendente Municipal en el periodo anterior donde destacó su gestión por
la creación de más espacios recreativos y mejora de infraestructura vial, además de ser parte
de los gestores de reconocimiento de Monteverde como cantón.
El Partido Republicano Social Cristiano contó con la primera representación tras las elecciones
del 2016 donde ganaron sus primeros consérvales, para luego en el periodo 2020-2024 tener a
su primer intendente con la elección de Yeudy Ramírez y ahora hace historia tras dejarse las
primeras elecciones municipales de este joven cantón.
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PARTIDO

Defensa Pública rinde cuentas a la ciudadanía de los logros y acciones realizadas en el 2023
  • Aproximadamente 1035 personas usuarias participaron en ferias de servicios de la Defensa Pública.
  • En materia penal juvenil se impartieron 260 charlas preventivas en centros educativos, lo que impactó a 10400 estudiantes aproximadamente.
  • Se resolvieron 90653 asuntos, más que el año anterior.

Durante el periodo del 2023 la Defensa Pública, mediante un trabajo activo para garantizar el acceso a la justicia de todas las personas usuarias, atendió a más de 118 mil personas y logró resolver 90 653 casos; estas y otras acciones se expondrán en la rendición de cuentas de la Defensa Pública el próximo 31 de enero del 2024, a las 10:00 a.m. en el Museo de Oro Precolombino, San José.

Esta actividad se realizará de manera presencial y será transmitida por Facebook Live de la Defensa Pública. Este órgano auxiliar de justicia impulsa el uso de las tecnologías para llegar a más personas y lugares como garantía de acceso a la justicia.

Con respecto a los asuntos terminados, del mes de enero a setiembre de 2023, se finiquitaron 90 653 asuntos, esta cifra es equivalente a un incremento del 4,53% con respecto al mismo periodo del año anterior.

El mayor circulante de la Defensa Pública está concentrado en materias como penal, pensiones alimentarias, laboral, ejecución de la pena y penalización de violencia contra la mujer, que corresponde al 91,81%.

Este órgano auxiliar de Justicia realizó ferias de servicios legales en las zonas de Pérez Zeledón, Corredores, Nicoya, Puntarenas, Limón, San José y Guatuso, donde se logró la atención de aproximadamente 1035 personas usuarias en las distintas materias en las cuales la Defensa Pública brinda sus servicios.

“Estamos en constante análisis del servicio que se brinda en todas las materias que atiende la institución, tomando siempre en cuenta oportunidades de mejora para garantizarle a las poblaciones más vulnerables que van a contar con asesoría y representación legal de calidad” indicó el director de la Defensa Pública, Juan Carlos Pérez Murillo.

También se efectuaron 19 visitas y talleres en diferentes territorios indígenas. Producto de estas giras, en colaboración con la Fundación Konrad Adenauer se elaboraron los “Lineamientos para la realización de peritajes antropológicos-culturales en procesos judiciales que involucran a personas de pueblos indígenas”.

En materia penal juvenil se impartieron 260 capacitaciones a personas menores de edad en diferentes centros educativos del país, con el objetivo de prevenir futuras conductas que puedan involucrar a esta población en posibles delitos.

Con relación a las materias en las que se reporta patrocinio letrado de personas usuarias indígenas, se tiene que, el 42% corresponde a materia penal, 18% a pensiones alimentarias, 12% a materia agraria, 12% a familia, 6% a penalización de violencia contra la mujer, 2% materia laboral, 2,7% violencia doméstica, 1,7% materia contencioso administrativo, 0,91% materia contravencional y 0,64% ejecución de la pena.

La Dirección de la Defensa Pública continuó, con el fin de brindar seguridad jurídica al personal de la institución, con los nombramientos en propiedad y en la generación de nuevas convocatorias para reclutar personal para sustituciones interinas.

Promovió el conocimiento del contenido de la Ley Marco de Empleo Público mediante la capacitación de aproximadamente 858 personas funcionarias de la Defensa Pública, Trabajo Social, OIJ, Administración, Salas I, II y III.

Además, se presentó ante la Corte Plena, el “Reglamento de Carrera de la persona Defensora Pública y los criterios de nombramiento de personal”, el cual rige desde el 22 de agosto de 2023.

Estos y otros temas serán desarrollados en informe de labores señalado.

Jóvenes de diversos partidos políticos se suman a iniciativa por un pacto ético nacional para las elecciones municipales 2024

• Iniciativa busca promover la integridad, la ética y los valores democráticos en el ejercicio de la política.
• Hasta la fecha, se han integrado a la iniciativa 9 partidos nacionales y 31 partidos provinciales y cantonales.
• El proyecto está liderado por la asociación cívica Costa Rica Íntegra – capítulo costarricense de Transparencia Internacional- y cuenta con el apoyo de instancias internacionales de gran prestigio.

Más de 65 jóvenes de todo el país, representantes de partidos políticos nacionales, provinciales y cantonales, elaborarán en conjunto un pacto nacional e interpartidario de principios éticos, para el período de campaña política de las elecciones municipales de febrero 2024. Asimismo, una vez redactado y acordado el texto, se abrirá para la firma de todos los partidos políticos y personas candidatas a todos los puestos de elección popular.

Este esfuerzo es liderado por la asociación cívica Costa Rica Íntegra (CRI), organización que promueve la ética, la integridad, la transparencia y la probidad en el ejercicio de la política. CRI es el capítulo costarricense de Transparencia Internacional.

“Por medio de esta iniciativa, Costa Rica Íntegra demuestra su compromiso con los procesos electorales en el ámbito municipal como espacios para promover la formación y el liderazgo de las personas jóvenes en la política, la cultura de transparencia e integridad, y el fortalecimiento de nuestra democracia”, enfatizó Juany Guzmán, Presidenta de la Junta Directiva de CRI.

La iniciativa del pacto ético se inspira, en parte, en pactos similares que han firmado partidos políticos y personas candidatas para elecciones presidenciales y parlamentarias en Perú, Panamá, Argentina, Colombia y Uruguay. “En nuestro caso, decidimos ponernos más ambiciosos. Primero, estamos buscando un pacto a nivel de elecciones municipales, con muchísimos más partidos políticos y personas candidatas en 84 cantones. Segundo -y esto nos tiene muy entusiasmados- nuestro pacto en Costa Rica será redactado por personas jóvenes”, explicó el Coordinador Nacional de la iniciativa, Mauricio Artiñano.

Promover la participación política de la juventud es uno de los pilares del proyecto, por lo que se ha invitado a todos los partidos políticos a designar un hombre y una mujer de entre 18 y 35 años, para representarles en el proceso. Además de asistir al taller de construcción del pacto, que se desarrollará en Turrialba, los jóvenes participarán en tres sesiones de trabajo virtuales. En estas contarán con especialistas de Costa Rica Integra, el Programa Estado de la Nación, la Procuraduría de la Ética Pública, y el Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED) del Tribunal Supremo de Elecciones.

El taller de construcción del pacto se llevará a cabo en Sitio Mata, Turrialba, en un proyecto innovador de turismo rural comunitario llamado Sitio Mata Homestays. Las personas participantes se alojarán con familias de la comunidad y el taller se realizará en el salón comunal de dicha localidad.

“Es un gran honor para nuestra comunidad de Sitio Mata ser la sede de este evento; por lo general hospedamos turistas extranjeros así que, a nosotras, las mamás de Sitio Mata, nos ilusiona muchísimo recibir jóvenes de todo el país en nuestros hogares y que vengan a conocer este rinconcito tan lindo de Costa Rica”, indicó Nayubel Calvo, coordinadora del proyecto de turismo.

La inauguración del taller se realizará en el Teatro Municipal de Turrialba el viernes 3 de noviembre a las 5:00 pm, con la presencia de doña Eugenia Zamora, Magistrada Presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones. La ceremonia contará con un acto cultural a cargo del compositor barveño-turrialbeño Marvin Camacho, catedrático de la Universidad de Costa Rica y actualmente nominado a un Latin Grammy. La inauguración estará abierta para los distintos medios de comunicación que quieran asistir.

La iniciativa cuenta con el apoyo de la Embajada de Suiza en Costa Rica, el Fondo Ryoichi Sasakawa para Líderes Jóvenes (Sylff), el Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA Internacional), la Delegación de la Unión Europea en Costa Rica, y la Fundación Friedrich Ebert.

Contacto
Mauricio Artiñano
pacto.costaricaintegra@gmail.com
WhatsApp: +506 8895 5700

Inicio

Tres exjerarcas de gobiernos PAC asumirán puestos en estructura interna del partido

• Se trata del exviceministro de Desarrollo Humano, Francisco Delgado y las expresidentas ejecutivas del Incofer, Elizabeth Briceño, y del AyA, Yamileth Astorga.

• Asamblea Nacional aprobó moción de apoyo para que el exviceministro de Justicia, Fabián Solano y actual presidente de Acción Ciudadana extienda su mandato hasta 2025.

• Órgano del partido ratificó entre otros puestos vacantes miembros del Tribunal Electoral Interno y de la Comisión de Finanzas.

San José. Tres exjerarcas de los gobiernos de Luis Guillermo Solís Rivera (2014-2018) y de Carlos Alvarado Quesada (2018-2022), asumirán puestos vacantes del Comité Ejecutivo Nacional y de la estructura interna del Partido Acción Ciudadana (PAC).

Se trata de la expresidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), Elizabeth Briceño Jiménez, quien asumirá la tesorería del Comité Ejecutivo Nacional (CEN). Briceño es máster en Administración de Negocios y cuenta con formación en dirección de estrategias públicas y desarrollo.

Formará parte del Tribunal de Alzada el exviceministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, Francisco Delgado Jiménez, quien es máster en Administración Pública y Desarrollo de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard y licenciado en Economía de la Universidad de Costa Rica.

Por su parte, la expresidenta del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Yamileth Astorga Espeleta, será subcoordinadora de la Comisión de Estudios y Programas. Es bióloga marina y máster en Ciencias del Saneamiento Ambiental.

La Asamblea Nacional del Partido Acción Ciudadana (PAC) aprobó, además, una moción de apoyo a la gestión del presidente interino, Fabián Solano Fernández, para que lidere la agrupación política hasta el año 2025. El actual jerarca es profesional en Ciencias Políticas con estudios en formulación y gerencia de proyectos.

Adicionalmente, el órgano nacional del PAC ratificó los siguientes puestos que se encontraban vacantes:

Tribunal Electoral Interno. Anni Ross, Noggy Vásquez, Ana Yancy Monge y Alejandro Morera.
Comisión de Finanzas. Andrea Tanzi, Marta Corrales y Luis Mathew.
Tribunal de Ética. Carmen Brenes.