“Reafirmamos compromiso con la democracia, destacamos importancia del diálogo y ratificamos acciones contra delincuencia”

El Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, destacó la importancia del diálogo, la conciliación, el respeto a la independencia de la judicatura y el trabajo conjunto entre los Poderes de la República para luchar contra la inseguridad y la delincuencia. Así lo externó durante la reunión que sostuvo la tarde de este jueves con el Presidente de la República, el Presidente del Congreso y la Diputada Presidenta de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa.
“Con esta reunión hemos revalidado nuestro compromiso con una larga tradición democrática de ejercer nuestro mandato constitucional con vocación a escuchar, comprender, debatir y procurar resultados para el avance y la estabilidad de nuestra nación”, manifestó Aguirre.
En la cita, que tuvo como sede el edificio de la Corte Suprema de Justicia, se procuró impulsar una serie de proyectos de ley destinados al combate a la criminalidad. Para el Poder Judicial, por ejemplo, son de especial interés los proyectos con los números de expediente 24019 y 23987, los cuales corresponden a ejecución de la pena (procura garantizar el cumplimiento de penas impuestas a las personas condenadas y el debido proceso); y a registro judicial (generará un mayor control de las personas en conflicto con la ley, lo que facilita las acciones destinadas a prevenir la reincidencia), respectivamente.
Durante la reunión, Aguirre transmitió la relevancia de la independencia judicial como un principio fundamental para el correcto funcionamiento de nuestra democracia.
“Una administración de la justicia autónoma es esencial para reaccionar adecuadamente a la comisión de ilícitos penales, preservar el equilibrio de poderes y asegurar la protección de los derechos y libertades fundamentales”, dijo.
Asimismo, el Magistrado Presidente recalcó las acciones desarrolladas por el Poder Judicial en la lucha contra la delincuencia, por ejemplo: la aprobación del proyecto de ley que permitió la entrada en operaciones de la jurisdicción de crimen organizado, los constantes allanamientos y operativos del Organismo de Investigación Judicial en coordinación con el Ministerio Público y las y los jueces de la República, quienes autorizan las distintas diligencias judiciales, así como todos los esfuerzos en materia de prevención, justicia restaurativa, formación y sensibilización.