Poder Judicial: Rebajos al presupuesto 2023 paraliza servicios judiciales prioritarios
privadas de libertad, pago de pólizas, sustitución de chalecos antibalas por vencimientos para la policía judicial, horas extras para continuación de juicios y servicios en horas no hábiles (levantamientos, de cuerpos, inspecciones oculares, vigilancias, entre otros), servicios, materiales y suministros, transferencias corrientes, transferencias de capital y cuentas especiales, limita el pago de peritajes para los procesos en materias sensibles como familia y laboral, traducción a lenguas indígenas, LESCO y otros idiomas necesarios para la continuidad de los procesos; así como afectación en pagos de alquiler, mantenimiento, reparación, desarrollo y seguridad a nivel tecnológico, los servicios de transportes y eléctricos, entre otros.
Operatividad de órganos auxiliares de justicia en riesgo para el 2023
El Director del Organismo de Investigación Judicial, Walter Espinoza Espinoza, considera que la disminución, solo desde la perspectiva formal, puede entenderse como una afectación directa a la policía judicial. Frente a la situación criminal que registra el país, le hacen al Organismo de Investigación Judicial, que es la única policía técnica-jurídica del país y la que impulsa todos los asuntos penales, una rebaja aproximada de ₡3 mil millones.
“Prácticamente están dejando en un cierre técnico al OIJ en abril del siguiente año. Nos eliminan el 100% de gastos discrecionales e implica que la policía judicial no podrá realizar actividades en criminalidad organizada ni criminalidad común. Nos quitan el 63% para mantenimiento de equipos de comunicación y equipos de laboratorios y sistemas informáticos para pericias de balística, identificación de personas, huellas, entre otras. Se perderá el 93% de recursos para equipo de allanamientos de grupos tácticos y delegaciones. Nos quitaron el 100% de los recursos para renovación de chalecos antibalas y hasta marzo podríamos operar. Llegaríamos hasta agosto con posibilidad de comprar la alimentación de las personas detenidas en cárceles del OIJ. El impacto también representará afectación al Ministerio Público y los Tribunales, a todo el sistema de justicia nacional”, detalló el jerarca del organismo.
Por su parte, el Fiscal General de la República a.i. Wagner Molina Ruiz, este órgano se ve afectado en la parte formal y sustancial, pues el presupuesto se hizo bajo la estricta política de cero crecimiento. Los recursos consignados están para atender ineludibles compromisos básicos, referidos a contratos de alquiler, seguridad, vigilancia, servicios públicos, gastos operativos como peritajes, entre otros.
“Si incorporamos recursos para la Fiscalía Adjunta contra la Criminalidad Organizada que iniciaba labores el próximo mes de noviembre y un recorte para el 2023, se vería seriamente afectada la continuidad de esta fiscalía. Señaló algunos impactos negativos en subpartidas como la de pago extraordinario y no se contaría con recursos necesarios para atender diligencias que se presenten en horas que exceden la jornada ordinaria de trabajo como allanamientos, audiencias prolongadas de medidas cautelares. La rebaja en subpartidas de alquileres, locales y terrenos compromete gravemente la disponibilidad de recursos para atender compromisos de contratos vigentes y en ejecución y acarrearían responsabilidades contractuales para la institución. Si hay que desalojar locales por falta de pago, el Ministerio Público no cuenta con infraestructura para reubicar despachos, no tendríamos donde atender a las personas usuarias”.
Finalmente Molina Ruiz indicó que la subpartida de otros servicios de gestión y apoyo no permitirá atender el pago de peritajes matemáticos, culturales, interconsultas, traducciones orales y documentales que son necesarios para el buen desarrollo de los procesos de investigación.
Para el Director de la Defensa Pública Juan Carlos Pérez Murillo la afectación se va a trasladar a las personas usuarias, no solo queda en la operatividad del Poder Judicial, porque van a dejar de contar con una persona defensora pública que los asista, los asesore y represente en los distintos procesos judiciales. En el recorte que se hace a la Defensa Pública en alquiler de equipo de cómputo permite llegar hasta setiembre del 2023 y esto limita a cumplir con las labores que se realizan.
“En la reducción en las distintas partidas de alquiler, hay un riesgo de que exista incumplimiento. Nos reducen en servicios públicos, cómo vamos a trabajar, esto paraliza una oficina. Nos recortan en pago de impuestos municipales a partir de julio de 2023 y no se podrá subsanar en próximos años y el erario público también se ve afectado, y otro aspecto en el que los recursos nos han afectado el caso de pago de peritos e intérpretes a partir de octubre de 2023, como vamos a hacer en el caso de personas usuarias indígenas y otras personas usuarias que requieren del servicio de la Defensa Pública. La función de la Defensa Pública es atender a personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad, que no tienen los suficientes recursos económicos para contratar un servicio legal. Ya no es solo un tema de operatividad sino de acceso a la justicia y lo estaríamos denegando. Nos recortan en temas de gasolina y repuestos, cómo nos vamos a movilizar, nosotros estamos dando un servicio, cómo darles ayudas a las personas vulnerables para que se trasladen”, sentenció el funcionario judicial.
Durante la comparecencia asistieron el Presidente y la Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez y Patricia Solano Castro respectivamente; el Director del Organismo de Investigación Judicial, Walter Espinoza Espinoza; el Fiscal General a.i, Wagner Molina Ruiz; el Director de la Defensa Pública, Juan Carlos Pérez Murillo; el Director del Despacho de la Presidencia, Róger Mata Brenes; la Directora Ejecutiva, Ana Eugenia Romero Jenkins; la Directora de Planificación, Nacira Valverde Bermúdez; la Directora de Gestión Humana, Roxana Arrieta Meléndez y el Director de Tecnología de la Información a.i, Martín Hernández Serrano.
