La gerente administrativa de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Vilma Campos Gómez, advirtió esta noche que la institución tomará acciones legales y aplicará rebajo de salarios a los funcionarios que se ausenten de sus labores con motivo de la huelga convocada por agrupaciones sindicales para este jueves 8 de junio.

La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA), el Sindicato Nacional de Administradores Servicios de Salud y Afines del Seguro Social (SINASSASS), el Sindicato de la Salud y la Seguridad Social (SISSS) y el Sindicato de Trabajadores de Farmacia de la Caja (SINTAF), convocaron a una huelga general de trabajadores de los servicios de la institución en los tres turnos bajo los que opera la Caja, debido a la “falta de respuesta de la Presidencia Ejecutiva de la Institución a un pliego de demandas que incluye la implementación de la Ley Marco de Empleo Público”.

A su vez, los sindicatos acusaron a la actual Junta Directiva de la Caja de estar “totalmente subordinada a la presidencia de la República, a contrapelo del mandato y autonomía constitucional” de la institución.

Ante el llamado a huelga, la Caja Costarricense envió esta noche un comunicado de prensa anunciando que las distintas gerencias y unidades activaron planes que permitan minimizar el impacto hacia los usuarios por el llamado a huelga.

Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, presidenta ejecutiva de la CCSS, pidió a los asegurados que asistan a sus citas programadas “pues la institución está tomando todas las medidas que sean necesarias para que la atención se dé y, si eventualmente hay afectación, se pueda resolver en el menor tiempo posible”.

“En nuestras manos está la salud de un pueblo y nos estamos enfocando como institución en minimizar el impacto que puedan sufrir los asegurados. De igual manera los servicios de Emergencias mantendrán su capacidad de atención en todo el país”.

Marino Ramírez Carranza, gerente médico de la CCSS, afirmó que los establecimientos de salud de todo el país tienen dispuestas todas las estrategias administrativas posibles para que los asegurados no se vean perjudicados.

El gerente añadió que si una persona pierde una cita o alguna de las atenciones que tenía programadas, la CCSS procederá dentro del marco de la declaratoria de emergencia de listas de espera a reprogramar esa atención con prioridad.

Por su parte, la gerente administrativa de la Caja, Vilma Campos Gómez adelantó que tomarán las acciones legales correspondientes para pedir a los juzgados de trabajo que se exija la reincorporación de los funcionarios en huelga, desde el primer momento que el movimiento se active; y que de igual forma, la institución procederá con los rebajos salariales que correspondan.

Agregó que la institución activó desde días atrás sus instancias de atención de huelgas para garantizar que se puedan activar los planes en el momento que se presenta el movimiento y que han trabajado de manera conjunta con las gerencias, principalmente Médica y Logística, para articular los recursos humanos y financieros que sean necesarios para que los hospitales y centros puedan ejecutar sus planes de contingencia de la mejor manera.

La Caja afirmó que como parte de sus estrategias de contención ante el llamado a huelga, disponen de mecanismos para poder suplir las necesidades que se presenten, entre ellas, la capacidad de sustituir personal, compras externas a proveedores que garanticen la alimentación de pacientes, así como la capacidad de atender la demanda de ropa hospitalaria.

De igual forma, la institución dijo que tiene previsto que los servicios de aseo o seguridad que se afecten puedan ser habilitados de manera que se reduzca el impacto hacia los usuarios, y que las gerencias cuentan con opciones de teletrabajo para algunos funcionarios de forma que si hay algún incidente de tránsito o de ingreso a los centros no se vean afectados.

A raíz de la Ley Reguladora de Huelgas promulgada por el anterior Congreso tras la huelga general sindical del 2018 contra el plan fiscal, esos movimientos de presión en los centros de salud están prohibidos totalmente.

Los juzgados de trabajo ahora deben constatar cinco requisitos para considerar que una huelga sea legal: que sea pacífica, que se hubiese agotado la vía de conciliación; que la huelga reúna el mínimo de participación establecido en la ley; que la huelga tenga como causa un hecho imputable al patrono; y que la huelga no se esté dando en una institución que dé un servicio considerado esencial.

El artículo 379 del Código de Trabajo permite el rebajo de salarios a partir del primer día de huelga, así como otras sanciones disciplinarias, incluyendo despido por abandono de trabajo, a personas que participen de una huelga ilegal una vez sea declarada así, en el caso de los servicios esenciales. El artículo señala que “en ningún caso será condenado el patrono al pago de los salarios de los trabajadores que hubieran declarado una huelga en servicios esenciales”.