Para la Defensoría de los Habitantes se presenta como
un tema de obligatoria intervención el investigar la capacidad resolutiva que tienen los
centros de atención en salud en la especialidad de gineco-obstetricia de las diferentes
regiones del país para atender los casos de alta complejidad, donde la salud de la mujer
embarazada y de sus bebés pueden estar en condición de riesgo, al momento del parto.
No se descarta que lo ocurrido en el Hospital La Anexión, en Nicoya, podría ser un reflejo
de un problema estructural.
Preocupa a la Defensoría de los Habitantes las limitaciones para recibir atención de
calidad que tienen las mujeres embarazadas, particularmente en los hospitales
periféricos, al enfrentar casos de alto riesgo en el momento del parto, como el que motivó
la situación actual y cuyas redes de servicios de atención registran una presunta
saturación de los mismos. Situaciones como la presente, podrían estar generando
barreras de acceso, condiciones de exclusión y desigualdades violatorias de los derechos
humanos entre las mujeres gestantes de la Gran Área Metropolitana y de las zonas rurales
del país. Resulta demandante, por tanto, diagnosticar las condiciones de prestación de
los servicios, los recursos disponibles y la articulación que existe en las redes para la
atención de la población.
Desde el 2014 a la fecha, la Defensoría ha atendido un total de 300 quejas -entre
consultas e investigaciones- relacionadas con violencia obstétrica. Entre las situaciones
expuestas se encuentran: falta de atención médica, maltratos verbales, falta de
información, de acompañamiento, violaciones al derecho a la intimidad, trato humillante
y degradante, utilización de técnicas obsoletas, falta de equipo
médico, falta de atención oportuna y eficaz de las emergencias
obstétricas, entre otras.
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