Defensora solicitó a la Inspección del Ministerio de Trabajo aplicar la Ley Laboral hasta sus últimas consecuencias

Noviembre 2022. Catalina Crespo Sancho, Defensora de los Habitantes de la República repudió la violación de Derechos Humanos que supone la agresión física de personas trabajadoras y demandó al Ministerio de Trabajo, a través de su Inspección Laboral, aplicar la Ley costarricense hasta sus últimas consecuencias.
“El Estado Social y Democrático de Derecho no consiste sólo en la enunciación de derechos a través de codificaciones normativas; el Estado de Derecho es, en esencia, la plasmación de esos derechos en la vida de las personas, en sus fueros de protección y en las interacciones de unas personas con otras y de éstas para con la institucionalidad pública. Por lo tanto, ante hechos tan deleznables e inhumamos debemos de reaccionar no aceptando la normalización de dichas prácticas en nuestro país” dijo la Defensora.
Catalina Crespo hizo un llamado a la comunidad nacional para que las personas víctimas de éste tipo de prácticas contrarias a los derechos humanos las denuncien antes las autoridades porque esa es la forma de defensa más efectiva que tienen las personas contra ese tipo de actos lesivos de su integridad física y psicológica.
La Defensora también aprovechó la oportunidad para recordar que, en Costa Rica, cientos de personas viven situaciones similares, todos los días y a todas horas, en todo el territorio de la República a través de la extorción y el despojo que sufren las personas habitantes a través del fenómeno criminal conocido como “prestamos gota a gota”.
El “código del silencio” con que estas mafias amedrentan a sus víctimas para no denunciar las golpizas y los abusos de los que son víctimas las personas que no pueden pagar la usura esclavizante de las que son objeto, nos debe llevar a reflexionar que hechos como los que se evidenciaron a través de medios audiovisuales no son factibles de usar en este tipo de casos y mucho menos permisibles.
El préstamo gota a gota y la extorción física y psicológica que hacen sufrir a sus víctimas deben ser igualmente desterrados de nuestro país en aras de defender los Derechos Humanos desde la institucionalidad de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho