Con un puntaje de 7.11, Costa Rica ocupa para este 2022 el segundo lugar en el Índice de Capacidad para combatir la Corrupción, que mide a los países de América Latina.
En esta materia el país solo es superado por Uruguay que obtuvo una puntuación de 7.42, mientras el tercer lugar lo ocupa Chile con 6.88 puntos.
“El segundo lugar obtenido por Costa Rica en el índice que evalúa la capacidad de combatir la corrupción es un reconocimiento a los esfuerzos que se vienen impulsado a nivel país, y en donde el Poder Judicial ha tenido un papel fundamental”, destacó Kennia Alvarado Villalobos, Oficial de Cumplimiento del Poder Judicial de Costa Rica.
Esta es la cuarta edición del estudio, publicado por los entes internacionales Americas Society/Council of theAmericas (AS/COA) y Control Risks.
Con respecto a Costa Rica, el informe destaca el avance progresivo del país en consolidar esfuerzos para mejorar la lucha contra la corrupción, como el lanzamiento de la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción (2021-2030), en la que el Poder Judicial asumió el compromiso.
Se evaluaron tres categorías: Capacidad legal, Democracia e instituciones políticas y la Sociedad Civil y medios de comunicación.
En caso de la capacidad legal resaltan los aspectos de independencia y eficacia de los organismos anticorrupción, el nivel de cooperación internacional en materia de orden público, la independencia y eficiencia judicial y la independencia y recursos de la Fiscalía General y de los agentes de investigación.
“Importante destacar que, en el factor sobre la independencia judicial y la institucionalidad, componente de la categoría de capacidad legal que mide este índice, Costa Rica obtuvo la mejor calificación a nivel regional, lo que nos confirma la relevancia que el aseguramiento de estos factores tiene en el combate de la corrupción, entre otros efectos. Esta calificación nos revela, además, que las acciones internas emprendidas por el Poder Judicial para la gestión del riesgo de corrupción interna, y que hoy nos posicionan como referentes en el sector público, resultan necesarias para el aseguramiento de una justicia independiente, imparcial, objetiva e íntegra”, destacó la Oficial de Cumplimiento.
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