ámara Nacional de Transportes pide a Aresep retomar convenio con el MOPT para frenar piratas
– Junta de Aresep dejó sin efecto dicho convenio.
– Servicios “piratas” drenan demanda de rutas regulares.
– Convenio era uno de los pocos mecanismos reales de sanción.
Por décadas el transporte informal de personas, conocido como “piratas”, ha representado, no sólo un problema para las autoridades, sino una amenaza para el servicio formal de transporte remunerado de personas, al drenar de forma persistente la demanda de pasajeros, con lo que se incide de manera directa en la tarifa que paga el usuario.
Ante esto la Cámara Nacional de Transportes (Canatrans) pide a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) retomar el convenio para sancionar junto con la Policía de Tránsito a quienes sean atrapados realizando esta actividad ilegalmente.
El daño colateral por la casi libre operación de los piratas es evidente, ya que en algunas zonas afecta la calidad del servicio público, porque se disminuye la flota ante la baja demanda e incluso se ha llegado al abandono de algunas rutas.
“Hacemos un llamado a la Junta Directiva de Aresep para que se reconsidere la decisión y se retome dicho convenio ya que esta situación ha dado incluso al traste con la operación de algunas rutas que están prácticamente tomadas por piratas como es el caso de la zona Atlántica, donde solo de manera reciente se devolvieron 2 rutas más al Consejo de Transporte Público (CTP)”, dijo Silvia Bolaños, presidenta de Canatrans.
En los últimos años el transporte informal ha crecido en cuanto a número de prestadores y modalidades de servicio, agravando aún más la situación de los prestadores formales, que además se han visto perjudicados por los efectos de la reciente pandemia y la crisis de la escalada en los precios de los combustibles.
Para proteger el volumen de pasajeros transportados, del cual dependen los ingresos necesarios para cubrir los costos de operación de los permisionarios formales, únicamente el Estado tiene la potestad como autoridad que regula el servicio, es decir es el que debe de sancionar esa conducta ilegal.
En esto la Aresep tiene un papel fundamental ya que a través de dicho convenio el proceso de sanción es mucho más fuerte, porque podía darse el retiro de circulación del vehículo y una sanción económica mayor, la cual actualmente va desde el 1,2 hasta los 8 millones de colones con lo que se desestimula la comisión de estas infracciones.
Además, Canatrans resalta el respaldo y seguridad que tienen los usuarios que se movilizan en transporte autorizado, ya que brinda seguridad y la posibilidad de incluir reclamos en caso de incumplimientos, ante los entes reguladores.
“La situación de la informalidad es un tema que debe atacarse de raíz y entender que, al igual que pasa con el servicio de agua o con la energía, se está usurpando un servicio que es público por lo que también se hace un llamado a los legisladores para que se establezcan sanciones más severas para quienes brinden estos servicios sin autorización previa del Estado”, indicó Bolaños.
Aunque la cámara reconoce que hay limitaciones de recurso en la Policía de Tránsito y falta de espacio para resguardar vehículos detenidos, esto no se debe de usar como excusa para no actuar e incluso se han dado sugerencias para suscribir una alianza público privada con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que permita apoyar e incluso destinar recursos.
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