Empresas de telecomunicaciones obligadas a brindar accesibilidad a personas con discapacidad

La Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) publicó un nuevo Reglamento sobre el Régimen de Protección al Usuario Final, que incluye un apartado exclusivo que define las responsabilidades de las empresas de telecomunicaciones para atender a las personas con alguna discapacidad. Todos los operadores y/u proveedores de telecomunicaciones tendrán un periodo de gracia para hacer los ajustes que les permita cumplir con:



Brindar asistencia presencial o remota a los usuarios con alguna discapacidad para activar herramientas de accesibilidad en los teléfonos u otros dispositivos; con el fin de que puedan tener una mejor experiencia al utilizar los servicios de telecomunicaciones.
Actualizar sus sitios web para cumplir con las Guías de Accesibilidad de Contenido WEB y estándares internacionales (WCAG 2.0); para facilitar que las personas con problemas visuales u otras discapacidades puedan tener acceso a la información de su interés.
Ajustar los contratos de adhesión para que los usuarios finales con discapacidad, puedan informarse sobre el contenido de los contratos, esto incluye la capacitación en sus centros de atención al cliente.


Otras obligaciones



Este nuevo reglamento busca satisfacer las necesidades regulatorias conforme a la evolución del mercado de telecomunicaciones y garantizar la protección de los derechos de los usuarios; delimitar las obligaciones de los operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones y brindar mayor seguridad jurídica tanto a las empresas como a sus clientes; tomando en cuenta los diversos mercados como: el Internet móvil y fijo, la televisión por suscripción y la telefonía móvil, entre otros, que se encuentran en condiciones de competencia efectiva.



Los operadores de telecomunicaciones deben de abstenerse de realizar una serie de conductas, por ejemplo:



Toda acción donde se remita información con fines de venta directa, comercial y/o publicitaria a los usuarios finales sin contar de previo con su consentimiento, se utilicen sistemas de llamada o suscripción automática, se oculte o falsee el remitente de la comunicación o no se cuente con una alternativa para finalizar dichas comunicaciones.
Suscripción o activación irregular, automática, engañosa o sin contar con la autorización o consentimiento expreso del titular del servicio.
Brindar a terceros información de los usuarios finales relativa al uso de los servicios de telecomunicaciones sin que medie autorización expresa de este, con excepción de una orden judicial o administrativa.
Comercialización de servicios prepago sin haber sido incluido en el Registro Prepago.


También los usuarios tienen obligaciones y prohibiciones, entre ellas:



Alterar o poner en riesgo la operación normal de la red y su seguridad, así como
degradar la calidad del servicio.
Acciones que provoquen interferencias, interrupciones, congestión o daños a la
red y a otros usuarios de los servicios de telecomunicaciones.
Utilizar los servicios de telecomunicaciones para fines distintos del contratado.
Reventa o alquiler de servicios de telecomunicaciones por parte del cliente o usuario final.


“Uno de los grandes avances, con este nuevo Reglamento, es que los clientes puedan no reconocer como válidos servicios que no han contratado con los operadores y que aparezcan a su nombre, los operadores deberán desconectar de inmediato estos servicios y podrían exponerse a sanciones si no presentan pruebas de la verificación de la identidad de las personas y su anuencia de contratar el servicio de telecomunicaciones”, explicó el ingeniero Gilbert Camacho, presidente del Consejo de SUTEL.



El reglamento consolida varias figuras que ya se encontraban en aplicación como: Portabilidad Numérica, Roaming Internacional, bloqueo de celulares, comunicaciones con fines de venta directa, la aplicación de promociones, ofertas y servicios; que se incluyen de forma conjunta o adicional en la facturación para mejorar la comprensión de los usuarios.



El nuevo Reglamento sobre el Régimen de Protección al Usuario Final, fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°180 del 22 de setiembre del 2022 y entrará a regir 12 meses después, tiempo en que los operadores de telecomunicaciones deben realizar los ajustes necesarios para que sus contratos, sitios web y su personal sea capacitado en materia de accesibilidad.

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Compra de vehículos en el Poder judicial se apegan a la Ley de Contratación Administrativa

• Proceso de sustitución de vehículos por antigüedad se puede consultar en expediente electrónico disponible en página institucional. 

Las autoridades administrativas del Poder Judicial recalcaron que el proceso de compra de vehículos, entregando bienes como parte de pago, se realiza en apego a los principios que rigen la materia y según lo establecido en la Ley de Contratación Administrativa N° 7494 y su Reglamento, además de la normativa institucional.

Así lo aclaró la Dirección Ejecutiva del Poder Judicial ante una nota publicada en un medio de comunicación digital, respecto a la compra de seis vehículos para sustituir por antigüedad.

La compra de vehículos con entrega de bienes como parte de pago, es un mecanismos que faculta el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa en el Artículo 32; además se apega a lo dispuesto por la Política Institucional para el cambio de vehículos, las Normas de formulación presupuestaria y el Reglamento para el uso, control y mantenimiento de los vehículos del Poder Judicial.

“La figura que se utiliza para la entrega de bienes como parte de pago, ofrece la ventaja de cumplir con la renovación de la flotilla vehicular y realizar parte del pago en especie, lo cual permite que el desembolso a realizar en efectivo sea el menor, garantizando el mejor uso de los recursos y del presupuesto institucional destinado para tales fines. Mantener vehículos de modelos que ya superan los 6 años de antigüedad o más, hace que los mismos pierdan valor en el mercado y por ende la posibilidad de aprovecharlos para su entrega como parte de pago, resultaría menos beneficiosa”, explicó Wilbert Kidd Alvarado, Subdirector Ejecutivo del Poder Judicial.

Como parte de estos procesos de compra, se realizan  estudios para conocer las condiciones del mercado, lo cual permite definir cuál es el precio de los vehículos que se requieren, según las necesidades institucionales y en atención a las especificaciones definidas por parte de los entes técnicos correspondientes. A partir de esta información, se establece el precio promedio de las unidades que se deben adquirir.

Kidd Alvarado señaló que el Poder Judicial garantiza la transparencia de estos procesos de compra, los cuales se pueden consultar en la página web institucional.

Respeto al proceso de compra que hace mención el medio de comunicación digital, la Administración Judicial aclaró que el procedimiento de licitación correspondiente a la compra de 6 vehículos por sustitución se llevó a cabo para el cambio de unidades adquiridas en los años 2014 y 2015, con lo cual superaban sobradamente el plazo establecido de 4 años para realizar dichos cambios.

El concurso se realizó mediante publicación en el Diario Oficial La Gaceta, la cual se notificó el 18 de mayo del 2022.  La fecha de apertura se definición para el 15 de junio del 2022 y la única empresa que participó fue la Agencia Purdy Motor, todo lo cual consta en el expediente electrónico disponible en la página del Poder Judicial https://pjenlineacr.poder-judicial.go.cr/SIGAPJ.INT.UserInterfaceEJPJ/frm_INT_Invitaciones.aspx.

Para el caso que se menciona en esta publicación, el pago en efectivo que se está realizando no alcanza el 50% del total adjudicado en el proceso licitatorio, con lo cual se consigue la renovación de las unidades realizando el menor desembolso posible de efectivo para el mayor aprovechamiento de los recursos.

El Reglamento para el uso, control y mantenimiento de los vehículos del Poder Judicial, en su artículo 8 indica:

“Los vehículos de uso discrecional deben reunir las condiciones mecánicas, de diseño, carrocería, motor y cilindrada necesarias para brindar los niveles de seguridad suficientes, en caso de amenaza o peligro a la vida e integridad física de los funcionarios a los que se les asigna. 

Para establecer el límite máximo de adquisición de los vehículos de uso discrecional en cada ejercicio presupuestario, la Dirección Ejecutiva estará obligada a efectuar una revisión anual del costo de adquisición en el mercado de un vehículo con las condiciones apuntadas en el párrafo precedente, lo anterior según criterios objetivos tales como –entre otros- el Índice de Precios al Consumidor (IPC), para evitar que se desmejoren los niveles de seguridad suficiente que deben brindar esos automotores. La renovación de los vehículos de uso discrecional deberá producirse, como mínimo, cada cuatro años a partir de su adquisición, para no comprometer las mencionadas condiciones de seguridad suficiente.” 

Cámara Costarricense de la Construcción celebra firma de reglamento que impulsará la rehabilitación de edificios existentes en todo el país

• Tras agradecer al BCBCR, al MIVAH y al MEIC por facilitar el consenso en el proceso, Cámara se pone a disposición del gobierno de la República para apoyar en su competencia desde el comité técnico. 

• Un comité técnico será el encargado de proponer la normativa técnica para ajustar la aplicación de las normas de seguridad a la realidad nacional.  

En el siguiente enlace puede descargar declaraciones de Randall Murillo, director ejecutivo de la CCC:  https://we.tl/t-8hF97EJHU1

Octubre, 2022. Luego de ser suscrita la Reforma del Reglamento del Benemérito Cuerpo de Bomberos por el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, este miércoles 12 de octubre, la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) celebró la decisión del Poder Ejecutivo de avanzar en esta línea.

Esta reforma permitirá que ahora un comité técnico sea el responsable de elaborar la normativa técnica para ajustar la aplicación de las regulaciones en materia de prevención, seguridad humana y protección contra incendios.  Hasta hoy las normas de la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego (NFPA por sus siglas en Inglés), eran aplicadas por igual en edificaciones nuevas o antiguas, lo que estaba generando un grave perjuicio en diversas actividades productivas.

Así lo indicó el director ejecutivo de la CCC, Randall Murillo, tras agradecer además a la Presidenta del Benemérito Cuerpo de Bomberos, Sra. Mónica Araya, y a los ministros de Economía, Industria y Comercio (MEIC), Sr. Francisco Gamboa y de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), Sra. Jéssica Martínez, por facilitar un consenso en el proceso de este documento.

Acotó que, a pesar de todos los s problemas que enfrenta actualmente el sector construcción, hay gente interesada en construir, remodelar edificios, invertir para generar empleo y una dinámica económica; sin embargo, “muchos de sus proyectos no se pueden hacer hoy porque existen normativas que van más allá de lo racional, de lo lógico”, dijo.

“Necesitamos avanzar, reactivar este país y tenemos que adaptar la normativa vigente a las posibilidades reales de lo que podemos hacer en Costa Rica, siempre garantizando la seguridad de las personas y las edificaciones. El permitir rehabilitar edificios significa darle un nuevo uso, resolviendo problemas de déficit habitacional, lograr una mejora del desempeño de los edificios y es más económico o eficiente que las soluciones de demolición y las posteriores de reconstrucción y con un menor impacto en el ambiente.”, apuntó el director ejecutivo de la Cámara Costarricense de la Construcción.

El objetivo del reglamento suscrito es modificar el actual estatuto para que edificios y construcciones antiguas usen normas más acordes con la fecha en que fueron construidas y así puedan cumplir con los requisitos de prevención de incendios. Asimismo, se aplicarán las nuevas regulaciones a la construcción de nuevas edificaciones.

 Sobre el reglamento 

Los edificios construidos años atrás ahora pueden ajustarse al cumplimiento de requisitos de prevención y de seguridad contra incendios aplicando otras normas alternativas, más acordes con los requerimientos al año de construcción y que garanticen la seguridad para los usuarios.

El proceso de elaboración de la normativa técnica recaerá en un comité técnico considerando la realidad constructiva nacional, así como el índice de siniestralidad nacional. Este órgano estará integrado por representantes del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica (BCBCR), de los ministerios de Salud (MINSA), de Economía, Industria y Comercio (MEIC), del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), así como del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA), de la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) y de la academia en la profesión atinente a la especialidad. Estos representantes serán designados por el Consejo de Gobierno.

Las edificaciones nuevas tendrán la posibilidad de aplicar la NFPA u otra norma internacional que garantice un nivel de seguridad y protección contra incendios equivalente, de acuerdo con el criterio del diseñador.

Poder Judicial: Rebajos al presupuesto 2023 paraliza servicios judiciales prioritarios

privadas de libertad, pago de pólizas, sustitución de chalecos antibalas por vencimientos para la policía judicial, horas extras para continuación de juicios y servicios en horas no hábiles (levantamientos, de cuerpos, inspecciones oculares, vigilancias, entre otros), servicios, materiales y suministros, transferencias corrientes, transferencias de capital y cuentas especiales, limita el pago de peritajes para los procesos en materias sensibles como familia y laboral, traducción a lenguas indígenas, LESCO y otros idiomas necesarios para la continuidad de los procesos; así como afectación en pagos de alquiler, mantenimiento, reparación, desarrollo y seguridad a nivel tecnológico, los servicios de transportes y eléctricos, entre otros.





Operatividad de órganos auxiliares de justicia en riesgo para el 2023



El Director del Organismo de Investigación Judicial, Walter Espinoza Espinoza, considera que la disminución, solo desde la perspectiva formal, puede entenderse como una afectación directa a la policía judicial. Frente a la situación criminal que registra el país, le hacen al Organismo de Investigación Judicial, que es la única policía técnica-jurídica del país y la que impulsa todos los asuntos penales, una rebaja aproximada de ₡3 mil millones.



“Prácticamente están dejando en un cierre técnico al OIJ en abril del siguiente año. Nos eliminan el 100% de gastos discrecionales e implica que la policía judicial no podrá realizar actividades en criminalidad organizada ni criminalidad común. Nos quitan el 63% para mantenimiento de equipos de comunicación y equipos de laboratorios y sistemas informáticos para pericias de balística, identificación de personas, huellas, entre otras. Se perderá el 93% de recursos para equipo de allanamientos de grupos tácticos y delegaciones. Nos quitaron el 100% de los recursos para renovación de chalecos antibalas y hasta marzo podríamos operar. Llegaríamos hasta agosto con posibilidad de comprar la alimentación de las personas detenidas en cárceles del OIJ. El impacto también representará afectación al Ministerio Público y los Tribunales, a todo el sistema de justicia nacional”, detalló el jerarca del organismo.





Por su parte, el Fiscal General de la República a.i. Wagner Molina Ruiz, este órgano se ve afectado en la parte formal y sustancial, pues el presupuesto se hizo bajo la estricta política de cero crecimiento. Los recursos consignados están para atender ineludibles compromisos básicos, referidos a contratos de alquiler, seguridad, vigilancia, servicios públicos, gastos operativos como peritajes, entre otros.



“Si incorporamos recursos para la Fiscalía Adjunta contra la Criminalidad Organizada que iniciaba labores el próximo mes de noviembre y un recorte para el 2023, se vería seriamente afectada la continuidad de esta fiscalía. Señaló algunos impactos negativos en subpartidas como la de pago extraordinario y no se contaría con recursos necesarios para atender diligencias que se presenten en horas que exceden la jornada ordinaria de trabajo como allanamientos, audiencias prolongadas de medidas cautelares. La rebaja en subpartidas de alquileres, locales y terrenos compromete gravemente la disponibilidad de recursos para atender compromisos de contratos vigentes y en ejecución y acarrearían responsabilidades contractuales para la institución. Si hay que desalojar locales por falta de pago, el Ministerio Público no cuenta con infraestructura para reubicar despachos, no tendríamos donde atender a las personas usuarias”.





Finalmente Molina Ruiz indicó que la subpartida de otros servicios de gestión y apoyo no permitirá atender el pago de peritajes matemáticos, culturales, interconsultas, traducciones orales y documentales que son necesarios para el buen desarrollo de los procesos de investigación.



Para el Director de la Defensa Pública Juan Carlos Pérez Murillo la afectación se va a trasladar a las personas usuarias, no solo queda en la operatividad del Poder Judicial, porque van a dejar de contar con una persona defensora pública que los asista, los asesore y represente en los distintos procesos judiciales. En el recorte que se hace a la Defensa Pública en alquiler de equipo de cómputo permite llegar hasta setiembre del 2023 y esto limita a cumplir con las labores que se realizan.



“En la reducción en las distintas partidas de alquiler, hay un riesgo de que exista incumplimiento. Nos reducen en servicios públicos, cómo vamos a trabajar, esto paraliza una oficina. Nos recortan en pago de impuestos municipales a partir de julio de 2023 y no se podrá subsanar en próximos años y el erario público también se ve afectado, y otro aspecto en el que los recursos nos han afectado el caso de pago de peritos e intérpretes a partir de octubre de 2023, como vamos a hacer en el caso de personas usuarias indígenas y otras personas usuarias que requieren del servicio de la Defensa Pública. La función de la Defensa Pública es atender a personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad, que no tienen los suficientes recursos económicos para contratar un servicio legal. Ya no es solo un tema de operatividad sino de acceso a la justicia y lo estaríamos denegando. Nos recortan en temas de gasolina y repuestos, cómo nos vamos a movilizar, nosotros estamos dando un servicio, cómo darles ayudas a las personas vulnerables para que se trasladen”, sentenció el funcionario judicial.



Durante la comparecencia asistieron el Presidente y la Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez y Patricia Solano Castro respectivamente; el Director del Organismo de Investigación Judicial, Walter Espinoza Espinoza; el Fiscal General a.i, Wagner Molina Ruiz; el Director de la Defensa Pública, Juan Carlos Pérez Murillo; el Director del Despacho de la Presidencia, Róger Mata Brenes; la Directora Ejecutiva, Ana Eugenia Romero Jenkins; la Directora de Planificación, Nacira Valverde Bermúdez; la Directora de Gestión Humana, Roxana Arrieta Meléndez y el Director de Tecnología de la Información a.i, Martín Hernández Serrano.