Jueves 22 de Febrero 2024. Mediante una investigación de la Defensoría de los Habitantes sobre el accionar del Consejo de Transporte Público (CTP), se determinó que dicha entidad no tiene información sobre el nivel de afectación de las personas usuarias que viven en zonas donde los operadores de buses devolvieron o abandonaron la ruta, por lo que debe realizar un inventario y plan para atender la situación.
A julio del 2023, el CTP informó que 27 rutas fueron devueltas entre el 2020 y 2023, según los operadores por un desequilibrio económico y financiero, afectación de la pandemia y porque la actividad era ruinosa, pero no ha realizado estudios para confirmar esta información ni cuenta con datos actualizados y certeros sobre la cantidad de rutas abandonadas ni el nivel de afectación de las personas usuarias.
En la mayoría de los casos, el operador indica las razones y determina la fecha en la que deja el servicio, por lo que los plazos expeditos o inmediatos limitan la capacidad de acción de la administración para buscar otro operador. Según el CTP, de todas las rutas abandonadas, el reporte que se tuvo es que solo estaba atendiendo la ruta 656, mediante un trabajo conjunto con la Municipalidad de Montes de Oro.
Para la Defensoría, un servicio de transporte público eficiente y de calidad favorece condiciones de equidad para las personas, particularmente para aquellas que han sido históricamente excluidas y discriminadas, por lo que también se reconoce como un medio para alcanzar una vida digna.
Es por ello que, la Defensoría sostiene que compete al CTP elaborar un inventario de las rutas devueltas y en aparente estado de abandono, que permita establecer un plan para el diseño de los procesos de licitación necesarios, con el fin de dotar del servicio a las comunidades que así lo requieran, incluso, si se determina que existe una necesidad urgente en una comunidad, el Consejo debe tomar medidas paliativas inmediatas para atender la situación.
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