- Academia alerta sobre graves implicaciones de la iniciativa en derechos laborales fundamentales, como la eliminación de horas extra y el incremento desproporcionado de las jornadas de trabajo.
- Además, universidad señala que proyecto podría aumentar la carga de trabajo doméstico no remunerado para las mujeres, limitando su bienestar y tiempo personal.
- Este proyecto no solo pone en riesgo derechos constitucionales y laborales, sino que también perpetúa desigualdades sociales y de género, manifestó rector de la UNED.
- Jornadas prolongadas pueden generar estrés, agotamiento y problemas de salud, afectando tanto a las personas trabajadoras como a las empresas.
Por plantear riesgos para los derechos laborales y la calidad de vida de la población trabajadora en el país, la Universidad Estatal a Distancia (UNED) manifestó su rechazo al expediente 24.290, “Proyecto de Ley para el Establecimiento de Jornadas Laborales Excepcionales”, que actualmente se encuentra en discusión en el Congreso, dicha iniciativa, busca implementar jornadas de 12 horas diarias para casos excepcionales.
La posición se da luego de que la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa remitiera en consulta a la universidad el texto de dicho expediente y fuera estudiado por distintas áreas de la academia, en la que concluyeron que la propuesta amenaza principios fundamentales garantizados por la Constitución Política, como la duración de las jornadas ordinarias y el derecho al pago de horas extraordinarias.
Asimismo, señalaron que la iniciativa actual podría generar un aumento promedio de al menos 191 horas laboradas al año, afectando especialmente a mujeres, quienes asumirían una mayor carga de trabajo no remunerado en el hogar.
El rector de la UNED, Rodrigo Arias Camacho, manifestó su preocupación ante las implicaciones de esta reforma y reiteró el compromiso de la universidad con la defensa de los derechos laborales, “nos oponemos a cualquier reforma que comprometa el bienestar integral de las personas trabajadoras”, dijo.
Agregó que este proyecto no solo pone en riesgo derechos constitucionales y laborales, sino que también perpetúa desigualdades sociales y de género, afectando especialmente a los sectores más vulnerables de la población.
“Nuestro llamado es a construir políticas públicas que promuevan jornadas laborales justas, respetuosas de la dignidad humana y alineadas con los estándares internacionales de desarrollo humano”, añadió el jerarca de la universidad pública.
Según estudios recientes, las reformas propuestas podrían incidir negativamente en la salud física y mental de las personas trabajadoras, aumentar las tasas de rotación laboral en las empresas y reducir la productividad general.
“Por ello, la UNED considera esencial priorizar el equilibrio entre la vida laboral y personal, como parte de una estrategia nacional de desarrollo inclusivo y sostenible”, acotó Arias Camacho.
Entre las principales implicaciones analizadas destacan:
- Aumento de horas laboradas. Se estima un incremento promedio de 191 horas anuales, equivalentes a 15.9 días laborales adicionales, alejando aún más a Costa Rica de los estándares de países de la OCDE.
- Eliminación de horas extraordinarias. Esta medida reduciría los ingresos de miles de personas trabajadoras que dependen de estos pagos para completar su salario mensual y calcular aguinaldos.
- Impacto desproporcionado en mujeres trabajadoras. La reconfiguración de horarios podría incrementar su carga de trabajo no remunerado, afectando su salud y limitando su tiempo de cuidado personal.
- Riesgo para la salud física y mental. Jornadas prolongadas afectan la calidad de vida, aumentan el estrés y generan mayor riesgo de agotamiento y problemas de salud.
- Desbalance de poder laboral. Beneficios como el servicio de cuido para menores serían opcionales y sujetos al “mutuo acuerdo” con empleadores, perpetuando desigualdades estructurales.
El rector de la UNED indicó que la universidad seguirá atenta al desarrollo de esta discusión y reiteró el compromiso de esta casa de enseñanza con la defensa de los principios constitucionales, los tratados internacionales en materia laboral y el bienestar de la ciudadanía.
Los departamentos que trabajaron en el análisis de la iniciativa de ley fueron: Asesora Jurídica del Consejo Universitario, el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE), el Instituto de Estudios de Género, la Oficina de Recursos Humanos y el Laboratorio de Innovación Jurídica.
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