• Centro AP-LAC sostiene que la exclusión de proveedores de tecnología por su origen lesiona las relaciones comerciales, diplomáticas y económicas con otros países líderes en la materia.
• Agrega que la medida traerá importantes pérdidas económicas al país, al tener que reemplazar gran parte de la infraestructura tecnológica actual.
• Costa Rica debe caracterizarse por brindar seguridad jurídica a las empresas que inviertan en el país y garantizar los principios de neutralidad tecnológica y libre competencia, reitera la organización.
San José. El Centro de Promoción del Comercio y la Inversión Asia Pacífico-América Latina (AP-LAC) consideró que el desarrollo de las redes 5G en Costa Rica no debe basarse en criterios geopolíticos, sino en consideraciones y normas técnicas estandarizadas, maduras y debidamente adoptadas por la industria, garantizando la seguridad de las redes, la libre competencia, la neutralidad tecnológica y la seguridad jurídica.
La reacción surge a raíz del anuncio mediante el cual el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, en donde se dio a conocer (después de una reunión con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden) la exclusión de proveedores de tecnología por su origen.
AP-LAC estima que esta medida impactará negativamente en el intercambio comercial, cultural, educativo y tecnológico que ha venido desarrollando el país con una región que comprende el 66% de la población mundial y que se caracteriza por su dinamismo y crecimiento económico.
El presidente de AP LAC, Jairo Hernández, expresó “que cuando el país optó por el modelo de expandir sus fronteras comerciales mediante tratados de libre comercio, se comprometió a cumplir con una serie de preceptos para dinamizar y fortalecer el comercio de bienes y servicios con países de todas las regiones del mundo”, dijo.
Y agregó: “Este es el caso, por ejemplo, de EE.UU., la Unión Europea y la República Popular China. Esto significa seguir pautas consistentes con un proceso de diversificación de alcance global que beneficie al país y, sobre todo, a nuestros consumidores”.
Sobre el reciente decreto anunciado por el gobierno acerca de las medidas para el desarrollo del 5G en nuestro país, el director ejecutivo del Centro AP LAC, Andrés Álvarez, manifestó que “este lesiona los avances alcanzados en nuestras relaciones comerciales, diplomáticas y económicas con los países afectados, teniendo en consideración que van en contra de la ley de mercado y competencia leal”.
Agregó que, como país, “Costa Rica debe caracterizarse por brindar seguridad jurídica a las empresas que inviertan y establezcan sus operaciones en el país, así como garantizar los principios de neutralidad tecnológica y libre competencia”.
Impacto económico. El Centro, que surgió para promover relaciones institucionales y vinculaciones comerciales con la dinámica región de Asia Pacífico, no ve con buenos ojos la exclusión de proveedores de equipos de tecnología toda vez que esto traerá importantes pérdidas económicas al país, al tener que reemplazar gran parte de la infraestructura tecnológica actual, lo que supondrá enormes costos de inversión que finalmente serán trasladados por los operadores a los usuarios finales. El reemplazo de toda esta infraestructura impactará también en la capacidad de cobertura de las redes 5G, lo cual afectará a la población y usuarios en general, poniendo en riesgo y limitando el acceso a las nuevas tecnologías.
El decreto en mención establece, entre otros, la obligación de excluir los servicios de 5G a empresas que provengan de países que no hayan ratificado el convenio de Budapest sobre ciberseguridad, un tratado internacional cuyo objetivo definición legal del “crimen cibernético” y la cooperación conjunta entre los países en materia de investigación, evaluación y penalización del “crimen cibernético”, es decir, de ninguna forma aporta al fortalecimiento de la ciberseguridad. Fue suscrito en 2001, 18 años antes que la tecnología 5G fuera lanzada al mercado, por lo que resulta imposible que su contenido incluyera elementos para garantizar la seguridad de esa tecnología.
En julio anterior, AP LAC reiteró el llamado a garantizar mecanismos de libre competencia, neutralidad y seguridad jurídica a las empresas asiáticas que invierten en el país. “El principio de neutralidad tecnológica implica que los gobiernos no deberían crear normas que favorezcan unas tecnologías sobre otras, sino promover el uso de los estándares técnicos que la industria haya reconocido y adoptado por haber demostrado su efectividad en el cumplimiento de objetivos, de forma que las ganadoras de la carrera tecnológica se determinen en un contexto de libre competencia”, afirmó en esa oportunidad Andrei Calderón, coordinador técnico del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico y director de práctica de comercio internacional de Alta Batalla.
AP-LAC. El Centro de Promoción del Comercio y la Inversión Asia Pacífico-América Latina (AP-LAC), creado hace cinco años, busca incentivar, promocionar y asesorar la actividad comercial, educativa, turística y cultural entre las empresas y los organismos públicos y privados, de Centroamérica-Caribe con Asia Pacífico.
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