Ministerio de Justicia y Paz denuncia a juez de Ejecución de la Pena por decisión sobre comisariatos

El Ministerio de Justicia y Paz informa a la opinión pública
sobre las acciones que ha emprendido en respuesta a las recientes decisiones del juez de
Ejecución de la Pena de Limón, Wilbert Granados Monge, las cuales se consideran un grave
retroceso en la gestión penitenciaria y en la seguridad nacional.
La Policía Penitenciaria y la Dirección General de Adaptación Social han trabajado
incansablemente para garantizar el orden, la disciplina y la seguridad del país. Este compromiso
se refleja en los logros de la Operación Policial Sostenida.
– Más de 12.500 operativos penitenciarios realizados, un promedio de 14 por día.
– Decomiso de casi 7.000 celulares, más de 530 kilos de drogas y más de 42.000 armas blancas
dentro de las cárceles.
– Investigación y remisión de 28 funcionarios al Ministerio Público por presuntas irregularidades.
Sin embargo, decisiones recientes del juez Granados Monge contradicen el criterio técnico y los
esfuerzos realizados por nuestra institución.
Al asumir esta administración, se encontró un esquema irregular de “comisariatos” en los centros
penitenciarios, en manos de privados de libertad sin respaldo legal. Este descontrol fomentaba
actividades de poder y comercio ilegal dentro de las cárceles, generando riesgos para la
seguridad interna.
Para resolver esta situación, emitimos una circular que regulaba las operaciones de los
comisariatos, limitando los productos disponibles y controlando las dinámicas de comercio.
Sin embargo, el juez Granados Monge ordenó suspender esta medida, argumentando que afecta
los derechos de los privados de libertad, su inserción social y el principio de dignidad.
El Ministerio de Justicia y Paz rechaza enérgicamente esta decisión, que consideramos carente
de fundamento y desconectada de la realidad penitenciaria.
Esta resolución:
1. Ignora las irregularidades y riesgos asociados al comercio dentro de las cárceles, que incluyen
extorsiones, violencia y lucro ilegal.
2. Debilita el control y la seguridad, fortaleciendo a grupos de poder dentro de los centros
penales.
3. Contraviene los principios fundamentales de administración penitenciaria y pone en riesgo a
los funcionarios y la sociedad en general.
Para defender la seguridad y el orden penitenciario, hemos tomado las siguientes medidas:
Unidad de Prensa y Comunicación
2280-7776 comunicacion@mj.go.cr www.mjp.go.cr
1. Apertura de un proceso disciplinario contra la directora del centro penitenciario de Limón,
Giovanna Clealand Colwille, por desacato a las directrices superiores.
2. Presentación de una denuncia penal contra el juez Granados Monge por lo que consideramos
una actuación irregular.
3. Presentación de una denuncia en la Inspección Judicial contra el juez por conductas que
favorecen actividades que fomentan la criminalidad.
Además, se está elaborando un nuevo proyecto para reformar el sistema de Ejecución de la
Pena, que permita fortalecer la gestión penitenciaria sin interferencias que pongan en riesgo la
seguridad del país.