INVU reduce drásticamente los tiempos de aprobación de planes reguladores

• Instrumentos pasaron de 6 meses a aprobarse en seis semanas.
• Antes se aprobaba un único Plan al año.
• “No hay un grupo que tiene más o menos voz. Todos los miembros de la comunidad tienen derecho y deber de participar en la planificación del desarrollo de su entorno”, mencionó la presidenta ejecutiva del INVU.

 El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) ha dado un paso significativo hacia la modernización del desarrollo urbano en Costa Rica, logrando reducir los tiempos de revisión y aprobación de planes reguladores de seis meses a tan solo seis semanas.

El cambio obedece a que -anteriormente- solo se lograba aprobar un plan por año, a ese ritmo se habría retrasado la planificación urbana adecuada hasta mediados de siglo. Ante esta situación, el INVU y otras instituciones involucradas como el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y por medio de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) se sentaron a revisar y optimizar los procesos.

“Nos encontramos un panorama en el que existía exceso de trámites y que convertían el proceso de revisión y aprobación en una tarea engorrosa. Como resultado de este análisis; la tarea se completa en aproximadamente seis semanas, gracias a una mesa de trabajo interinstitucional en la que participan todas las partes implicadas, facilitando la corrección, Lo anterior sin considerar correcciones mayores que requieran devolución de fondo al Gobierno Local de manera más eficiente y coordinada”, afirmó la presidenta ejecutiva del INVU, Ángela Mata.

Parte del éxito en la agilización de estos procesos ha sido la actualización del manual de revisión de planes reguladores que elimina pasos innecesarios que no aportaban valor. Además, MINAE está en proceso de simplificar la revisión de su índice de fragilidad ambiental, lo cual se espera que contribuya a una reducción de costos, ya que la elaboración de un plan regulador ronda los ₡200 millones, con un aproximado del 60% de ese costo dedicado a los índices de fragilidad ambiental.

Existen ayuntamientos con un presupuesto anual menor al costo de un Plan Regulador, por ello a través de una alianza entre el IFAM, Mideplan, INVU y Mivah y con Fondo de Preinversión del Mideplan se apoyará a 22 municipalidades para impulsar la seguridad jurídica para los propietarios de tierras y viviendas.

Actualmente 44 de los 84 cantones del país cuentan con plan regulador que es una herramienta esencial para definir el uso adecuado del suelo, que garantiza que las áreas residenciales, agrícolas, comerciales e industriales se desarrollen de manera organizada y se prevea el tema de riesgos naturales ante el cambio climático.

Participación Ciudadana y Transparencia

Si bien, la elaboración de estos documentos cuenta con cuatro etapas, un protagonista importante es persona ciudadana, que con su participación incide desde la etapa preliminar y de diagnóstico, que involucra a la comunidad en la identificación de necesidades y desafíos, hasta la etapa de pronóstico y la revisión final, que tendrá una aprobación con un enfoque es inclusivo y transparente.

Y es que el involucramiento de la ciudadanía erradica mitos como que un plan regulador desplaza a las personas de sus hogares o sacrifica animales. En lugar de eso, estos planes definen zonas específicas para actividades agrícolas, comerciales, industriales y residenciales, asegurando que cada área se desarrolle de manera adecuada y sostenible.

“No hay un grupo que tiene más o menos voz. Todos los miembros de la comunidad tienen derecho y deber de participar en la planificación del desarrollo de su entorno, asegurando que se construyan acuerdos sólidos para el crecimiento social y comunitario”, mencionó Mata.

La modernización de los planes reguladores no solo busca ordenar el crecimiento urbano, sino también proteger a las comunidades de riesgos ambientales. Los planes actualizados permiten identificar y mitigar zonas de riesgo, asegurando que las construcciones se realicen en áreas seguras y adecuadas. Además, estos planes facilitan la planificación de infraestructura y servicios públicos, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos y promoviendo un desarrollo urbano resiliente frente a los desafíos climáticos.