Denuncias por estafas contra extranjeros Fiscalía del cantón de Garabito acumula solicitudes de desestimaciones

Una y otra vez el órgano acusador del Estado pide desechar casos que nunca llegan a juicio

 

 

Garabito, Puntarenas, febrero del 2023. La Fiscalía del Ministerio Público del cantón de Garabito en Playa Jacó (Puntarenas) suma varias desestimaciones en casos por presunta estafa, en procesos iniciados por inversionistas extranjeros que siempre denuncian a un abogado de apellido Sánchez Chavarria quien reside en esa comunidad del Pacífico Central.

 

De acuerdo con una investigación realizada por el ciudadano de los Estados Unidos –con residencia legal en Costa Rica- Adam  Blackiston, uno de los inversionistas estafados, el órgano acusador del Estado ya suma varias solicitudes de desestimaciones y de sobreseimientos favorables, en procesos penales entablados contra el abogado Sánchez Chavarria.

 

El inversionista Blackiston quien tiene “pruebas de otros procesos judiciales en los cuales ha sido demandado el abogado Sánchez Chavarría y NUNCA llegan  a juicio. Veamos:

-El  expediente judicial 16-000184-0645-PE, por administración fraudulenta , causa desestimada por la fiscalía .

-El expediente judicial  14-200499-0645-PE por administración fraudulenta, causa desestimada por la fiscalía

– El expediente judicial 12-001252-0077-PE , por violencia doméstica, sobreseimiento definitivo.

– El expediente judicial 16-000496-0645-PE, delito de estafa, en investigación. Será que también lo va desestimar?”

 

“Nos llama poderosamente la atención que existe un patrón recurrente de desestimaciones que siempre son pedidas por el Ministerio Público cuando el imputado es la misma persona. En caso de uno de los casos se ha aportado prueba abundante, pero la Fiscalía parece que prefiere ver para un costado”, relató Blackiston.

 

Los casos investigados por Blackiston siempre involucran a ciudadanos extranjeros –en su mayoría provenientes de los Estados Unidos- quienes llegan realizar inversiones en Playa Jacó en sectores como bienes raíces, el sector hotelero o la formación de empresas en el área de la gastronomía (restaurantes o cafeterías), entre otros negocios.

 

“Uno tiene la impresión de que la Fiscalía de Playa Jacó tiene un comportamiento permisivo en cuanto a estos procesos judiciales porque a pesar de la gravedad de los hechos que se están denunciando los procesos se dilatan durante años y; al final de cuentas, terminan solicitando la desestimación siempre beneficiando a la misma persona”, relató Blackiston.

 

Tercer proceso

 

En junio del pasado el estadounidense Adam Blackiston presentó una nueva querella formal contra Sánchez Chavarría por el supuesto delito de estafa, causa que se tramita actualmente en el expediente 16-00046-0645-PE. En el documento el estadounidense estimó el perjuicio en $USD 160 mil (ȼ90,8 millones al tipo de cambio actual).

 

Según consta en el documento entregado a la Fiscalía de Garabito, desde el año 1995 Blackiston era un turista de tiempo completo en Playa Jacó y en Playa Hermosa. En agosto del 2002, empezó a residir en Costa Rica con la intención de vivir de manera permanente para realizar inversiones en inmobiliarias en las citadas zonas.

 

Para los trámites legales correspondientes contrató los servicios legales de Sánchez Chavarría; no obstante, la demanda indica que se “evidencia el dolo por parte del querellado en apoderarse del capital, dineros y sociedades del ofendido.  De ahí se desprende, mediante planeación previa, con el fin de tener ganancias indebidas y aumentar su capital en perjuicio del ofendido, el querellado realizó movimientos societarios fraudulentos y de dinero, sin autorización, donde incluso tomó dinero prestado sin autorización del ofendido”, relata el documento de la querrella.

 

El abogado Karl Villalobos, representante legal de Blackiston, indicó los entrabamientos legales de los procesos penales en Jacó, que terminan en impunidad total y que perjudican la imagen de Costa Rica como destino “seguro y confiable” para la atracción de inversiones.

 

“Nuestro país ha realizado un gran esfuerzo para que ciudadanos de otras naciones vengan a generar negocios que logren crear fuentes de trabajo especialmente en las zonas rurales y en las costas donde se ocupa mucho empleo para reducir los indicadores de pobreza, pero con toda esta inseguridad legal generada en el  Ministerio público, vamos en el sentido contrario”, afirmó Villalobos.

 

Durante el pasado gobierno (1998-2022) el entonces presidente de la República, Carlos Alvarado, firmó la ley 9996 para la atracción de inversionistas, rentistas y pensionados que pretendía  producir una dinamización de la economía y una recuperación de los niveles de inversión extranjera de hace una década, cercanos al 7,8% del Producto Interno Bruto (https://www.ict.go.cr/es/noticias-destacadas/1954-presidente-firma-ley-que-procura-atraer-inversionistas-rentistas-y-pensionados-al-pais.html).

 

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