Aclaración ante información emanada por la Procuraduría General de la República

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Miércoles 30 de noviembre. La Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, agradeció
el esfuerzo y compromiso de los 170 funcionarios que laboran en la Defensoría de los
Habitantes de cara a la ruptura de todas las metas de trabajo, medibles y verificables, a
lo largo de sus 29 años de Historia, en favor de los Derechos y Libertades de las y los
Habitantes de la República.
Crespo señaló que: “el secreto para haber sobrellevado tantos ataques y presión a lo
largo de sus cuatro años de ejercicio, fue el haberse movido en la más estricta legalidad”.
Las denuncias contra la Defensora han sido desacreditadas o archivadas una y otra vez,
y las que se encuentran presentadas actualmente seguirán esa misma línea al tratarse
de actuaciones absolutamente legales.
La Procuraduría General de la República emitió el criterio PGR-C-260-2022, en el cual
indica que no puede evacuar una serie de consultas técnicas que la Defensoría le planteó
respecto de la figura del “Recargo”; en razón de que una persona interpuso una supuesta
denuncia haciendo referencia a ese mismo tema.
La Procuraduría cita al señor Hernán Rojas Angulo, jefe de recursos humanos como el
denunciante, por lo cual no puede atender las consultas técnicas planteadas. Y esa cita
se da a partir de una nota de prensa.
Crespo manifestó que “ante éste panorama y en atención al principio de transparencia
debo indicar que en nada necesito criterio alguno de la Procuraduría para ser usado en
un asunto personal. Y mucho menos tratándose de una denuncia tan endeble y carente
de toda legalidad como la que cita la Procuraduría.”
La Defensoría de los Habitantes, en un ejercicio de responsabilidad fiscal, en los últimos
años ha congelado más de 20 plazas, logrando así un ahorro significativo para el erario
público estimado en más de mil millones de colones. Adicionalmente, se presentó un
proyecto de Ley que incluye pasar de 16 plazas de directores, con salarios promedios de
3,5 millones de colones, a 3 plazas de directores, además se solicitó al Ministerio de
Hacienda la eliminación de 12 plazas; este logro, sin demeritar, en modo alguno, la
prestación del servicio público. Al contrario, en vez de disminuirse la atención a los
habitantes, el trabajo se incrementó, pasando de tramitar 26 mil denuncias en el 2018,
a más de 34 mil en el 2020 y 2021. Es decir, con menos plazas se hizo más trabajo
institucional, y el erario público resultó favorecido en más de mil millones de colones.
Sin embargo, este ejercicio de responsabilidad fiscal, ha puesto un límite al festín de
nombramientos, y produjo un malestar en personas que veían a la Defensoría como un
botín político para nombrar amigos. Tanto Rojas, como el sindicato de la Defensoría, no
sólo adversan esta decisión institucional; sino que procuran, por todos los medios, la
defensa de sus intereses burocráticos.
Algunas de las plazas vacantes se han llenado por medio de la figura legal del recargo;
la cual se utiliza comúnmente en el sector público. No obstante, el señor Hernán Rojas,
miembro del sindicato (informado de forma amenazante por él mismo), exdirector del
servicio civil del gobierno PAC, y quien asumió en recargo la Dirección Laboral en el
2019, ahora adversa ésta medida, y presenta una denuncia penal respecto de hechos
que él mismo sabe que son legales.
La figura del recargo es tutelada en nuestro ordenamiento jurídico y su utilización debe
hacerse cumpliendo con los requisitos que exige la ley. Lo cual fue lo que sucedió en la
Defensoría de manera estricta.
En vez de nombramientos permanentes de los cargos Directivos, se nombraron de forma
temporal y con recargos, a funcionarios de carrera de la Defensoría para que asumieran
las Direcciones Vacantes, sin desatender sus responsabilidades propias de los puestos
que ocupaban.
El señor Hernán Rojas dice que los recargos han caído en personas del despacho, lo cual
la lista de personas que han ejercido direcciones bajo esa figura, lo desmiente de manera
categórica.
En términos simples y explicativos; son funcionarios que tienen una plaza fija en la
defensoría de los Habitantes y su nombramiento para asumir recargos temporales se da
a partir de una lista que conforma el Departamento de Recursos Humanos con base en
atestados técnicos y requisitos legales (no a dedo como dice Rojas Angulo) y a esos
funcionarios, aparte de los deberes inherentes a su plaza, se les recargan otras funciones
directivas de manera temporal, con lo cual, el Estado en vez de pagar dos salarios, solo
paga uno.
Esta medida ahorrativa de recursos públicos operó en medio de un aumento sostenible
del trabajo institucional, lo cual sirve para demostrar su pertinencia, máxime en épocas
de crisis fiscal.
No obstante, Hernán Rojas Angulo, pese a conocer la validez legal de la figura y pese a
haber ejercido él mismo como “Director” en recargo; ahora que recién se ha integrado
al sindicato de la Defensoría SIDEF presentó, ante la Fiscala Adjunta de Probidad,
Transparencia y Anticorrupción, una denuncia en contra de la aplicación de dicha figura
a nivel institucional. Y con base en esta denuncia, la Procuraduría General de la República
contesta que no puede atender ninguna consulta legal relacionada con este tema que
haga la Defensoría de los Habitantes.
Juzgue usted …

 

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