Analizan procesos de expropiaciones en Costa Rica

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  • Desde la última reforma a la Ley, los tiempos de toma de posesión del Estado, se han agilizado en la sede judicial.

 

El cuarto informe del Estado de la Justicia, dedicó en su capítulo 2 el tema de la “Tutela efectiva de derechos en las expropiaciones” en el cual exploraron las temáticas del proceso judicial de la jurisdicción contencioso–administrativo.

Dicha temática se enmarca en resolución pronta: duraciones por etapas del proceso, justicia equitativa, recursos y defensa, así como resolución final del juez apegada a la ley vigente.

Se tomó como fuente de información los expedientes de casos de expropiación tanto en fase administrativa como en sede judicial a disposición de la Procuraduría General de la República y se analizó un período de tres años del 2018 al 2020.

En una primera parte, se presentan obras públicas relacionadas en los años en estudio con estos procesos, en la que resaltan proyectos como circunvalación norte, ampliación de las rutas nacionales 32 y 1, y el de Paquera – Playa Naranjo en la Península de Nicoya. También muestran estadísticas judiciales del circulante en trámite en esta materia.

En dicho estudio se engloba además contenidos como ruta de expedientes, experiencias comparadas de otros países, descripción de cada fase, estadísticas judiciales, resultados de revisión, costos de tramitación de expedientes, análisis de contenidos de sentencias, entre otros.

En el informe se toma en cuenta todos los casos que concluyeron luego de que entrara en vigor la última reforma a la Ley, en el 2017 y que resalta los tiempos de toma de posesión del Estado, en donde efectivamente se han agilizado en la sede judicial.

Resalta el informe del Estado de la Justicia, a partir de la muestra analizada, que los procesos de expropiación, solo ocupan un 47.3% de su duración en sede judicial, es decir, 267 días en promedio, desde el auto inicial hasta el dictado se sentencia, el restante 52.7% del tiempo transcurre en sede administrativa, desde que se realiza la declaratoria de interés público hasta que la Procuraduría General de la República presenta ante el juzgado las diligencias de expropiación, todo lo cual entre la fase administrativa y la judicial abarca en promedio un plazo de dos años y dos meses (565 días hábiles).

En dichas acciones de mejora resaltan procurar que los expedientes contengan información completa y un orden predefinido para organizar la documentación, lo que facilitaría la creación de indicadores de procesos óptimos o apropiados.

Un aspecto de la investigación indica la revisión de la función del perito judicial y analizar los costos de transacción para encontrar oportunidades de aumentar la eficiencia simplificando procesos.

También contar con un sistema de información de precios de mercados de los bienes e inmuebles.

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